Un estallido de violencia es lo que ha dejado hasta el momento la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. A la mano tendida del gobierno, las disidencias de las Farc y el ELN han respondido con ataques terroristas que han expandido su dominio en el país y desatado una nueva ola de desplazamientos.
Blu Radio constató la situación desde las regiones y evidenció que Colombia ha experimentado un notable retroceso en áreas clave como la seguridad, las condiciones humanitarias y la construcción de paz.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares, la ausencia de resultados concretos ha generado un impacto negativo, especialmente en los territorios y comunidades que aún hoy permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad y bajo la influencia de actores armados.
La falta de avances en estos frentes cruciales está perpetuando un ciclo de incertidumbre y violencia que sigue afectando a gran parte del país.
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En el departamento del Cauca, la desintegración de las disidencias de las Farc ha desatado una atomización de frentes guerrilleros, lo que se ha convertido en una verdadera 'guerra de narcos' donde los cabecillas se están matando entre ellos.
Por su parte, el departamento de Caquetá está bajo la extorsión de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. Este grupo armado lleva una contabilidad detallada, conocen cuánto gana desde el lechero hasta el lanchero, y a todos les cobran. A esto se suma una guerra por el territorio con la Segunda Marquetalia.
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En Tolima, facciones de las disidencias de las Farc, provenientes de Huila, Cauca y Valle del Cauca, tienen sitiadas varias zonas rurales con patrullajes de hombres armados y redadas nocturnas, buscando reclutar a menores de edad para sus filas, niños y niñas que terminan siendo usados como escudos humanos.
En Huila, la guerra entre disidencias de las Farc ha detonado una crisis humanitaria, y cientos de familias desplazadas por la violencia están llegando a Neiva. Ya son más de 340 las familias atendidas en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas.
A esto se suma la campaña terrorista del ELN con atentados y ataques a la fuerza pública, buscando presionar al Gobierno para que vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones.
Desde que se levantó el cese al fuego, se han registrado 7 atentados, quema de vehículos y asesinatos en Norte de Santander, Arauca y Antioquia.
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En la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander, varias viviendas fueron vandalizadas con letreros alusivos al EPL. Este grupo, que ha tenido injerencia en esa zona de Norte de Santander, ha reaparecido con atentados y hechos que alteran el orden público.
Santander y Magdalena medio se enfrentan a un ‘coctel criminal’, donde los ataques de guerrillas del ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y bandas criminales han llevado a que los homicidios aumenten en la región, a tal punto que hay hospitales que se están quedando sin reservas de sangre porque los ataques violentos se presentan a diario.
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Un informe de la Fundación Ideas para la Paz reveló que en el país ha crecido la influencia territorial de los grupos armados, se mantienen los focos de disputa territorial, y se ha agudizado la confrontación entre las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la guerrilla del ELN.
Según el reporte, con respecto al primer año, ha aumentado el desplazamiento forzado masivo (7 %), los confinamientos (71 %), los homicidios de líderes y lideresas (2 %), es el segundo año con más asesinatos desde 2015. El reclutamiento forzado se incrementó un 42 %.
La reconfiguración de los grupos armados y la afectación humanitaria se presenta en zonas de disputa, en los departamentos del Cauca, Valle, Nariño y algunas zonas de Antioquia.
La situación más crítica se presenta en el norte del Cauca y el sur del Valle, así como en el Cañón del Micay.
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La suspensión del cese al fuego con los frentes de las disidencias que operan en Cauca, Valle y Nariño, y la salida del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) de la negociación, detonaron una ola de violencia que se suma a las que ya han vivido estas regiones desde la firma del acuerdo de 2016.
La ofensiva militar también alteró el orden público debido a la reacción de las disidencias, que controlan la movilidad, especialmente en el Cauca.
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El departamento de Nariño ha sido uno de los territorios más afectados por la violencia durante los dos primeros años de Petro, debido a las disputas territoriales entre grupos armados.
En el segundo semestre de 2023 se registraron 39 desplazamientos forzados; fue el segundo semestre con mayor número de casos desde la firma del acuerdo de paz.
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