Recientemente, Helena Urán, hija del exmagistrado Carlos Urán, le envió una solicitud a la JEP para cuidar y conservar tres lugares de memoria histórica en el marco de lo acontecido en noviembre del año 1985, cuando se llevó a cabo la operación de toma y retoma del palacio de justicia, en Bogotá. Estos lugares son la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur. Urán asegura que esto debe darse con el fin de proteger los derechos de las víctimas a la verdad.
"Que se cumpla con la obligación de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el marco del ataque al Palacio de Justicia […] la resignificación de los lugares y su conversión en campos santos u otra forma que permita los duelos necesarios y los procesos restaurativos que contribuyan a reparar o restaurar el daño causado", señalaba el documento.
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En la solicitud enviada a la JEP, Urán, argumentó que la Casa del Florero fue utilizada por las autoridades militares para efectuar los interrogatorios a presuntos integrantes de la guerrilla del M-19. Sobre las Caballerizas dijo que en la sentencia de 30 de enero de 2012, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, se estableció que algunos sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron trasladados hacia varias instalaciones militares, entre esas, a la Escuela de Caballería. Mientras que sobre el Cementerio del Sur, explicó que los cuerpos de las personas desaparecidas durante la operación fueron trasladados allí para inhumarlos en fosas comunes.
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La JEP determinó que va a estudiar la posibilidad de otorgar medidas cautelares a estos tres sitios y vinculó al proceso a algunas entidades como la Unidad de Búsqueda, el Centro Nacional de Memoria Histórica y al Ministerio de Cultura, para que aporten la información que puedan tener y que pueda aportar para que los magistrados tomen la decisión final.
La JEP "considera que la solicitud de medida cautelar presentada por la señora Helena Urán Bidegain pretende no sólo el restablecimiento de sus derechos a la verdad y memoria en su calidad de víctima, sino el de todas aquellas que fueron afectadas con los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia y a la sociedad en su conjunto. Este trámite indubitablemente podría beneficiarlos sí la información recaudada durante el mismo contribuye en el esclarecimiento de lo sucedido y, eventualmente, impulsar las investigaciones que se llegasen a desplegar si se abre un macrocaso por dicha causa", señala el auto.
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