Hay más de 53 órdenes de pedir perdón, en su mayoría por falsos positivos, sin cumplirse: MinDefensa

Blu Radio conoció detalles del plan implementado por el Ministerio de Defensa para ponerse al día, concertando con los familiares de víctimas de falsos positivos, en el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con actos de perdón o reconocimientos públicos de hechos cometidos por miembros de la fuerza pública.

Y es que el pasado 4 de julio, el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el acto de perdón por el asesinato de Alix Fabián Córdoba a mano de militares en 2008, reconoció que había un atraso considerable pese a que las directrices estaban dadas.

Según el informe elaborado por el MinDefensa, hay un grave incumplimiento a la hora de aplicar medidas de reparación por decisiones del Consejo de Estado o tribunales administrativos.

Entre ellas, se destacan 53 órdenes judiciales para realizar actos de petición de perdón y compromiso de no repetición, encabezadas por el ministro en hechos relacionados con el conflicto armado; de estos, 38 son casos relacionados con falsos positivos.

Fuentes del Ministerio de Defensa le comentaron a Blu Radio que, según las revisiones, sí había conocimiento de los procesos pendientes, pero nunca se llegaba a una ejecución de estos porque no se concertaba la participación del jefe de cartera en dichos espacios y por eso se suspendían las conversaciones con víctimas u organizaciones que las representa.

Ante esto, el actual Ministerio de Defensa diseñó un plan para que, con eventos colectivos diseñados junto con las víctimas, se pueda avanzar con los pendientes, pues tienen órdenes que debían cumplirse, por ejemplo, desde 2011.

Para este segundo semestre de 2023, se adelantarán tres eventos públicos para acoger casos de Soacha, Villavicencio y Ocaña mientras que los demás deberán cumplirse en 2024.

Varios de los aspectos que han sustentado la decisión de hacerlo de manera colectiva pese a que las resoluciones judiciales son individuales, es que son casos que tienen similitudes (por ejemplo ejecuciones extrajudiciales), son procesos respaldados por la misma organización de abogados y, en especial, ha habido apertura de las familias para que se adelanten de esta manera.

Uno de los eventos públicos que será liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, más próximo en la agenda corresponde al Diego Becerra, el joven asesinado en agosto del 2011 en Bogotá por un integrante de la Policía; caso por el que ya hay varias condenas. Esto se sigue coordinando con la familia y se dio luego de una conciliación más no por una orden como tal.

Moisés David Meza, coordinador del área de litigio internacional y contencioso administrativo de la Comisión Colombiana de Juristas, reiteró que la base de este plan debe ser la participación concertación de las víctimas y organizaciones para enfrentar la particularidad de cada caso pues son medidas de reparación sin carácter económico.

“Lo que se busca es satisfacer aquellos derechos que no pueden ser reparados con dinero y ahí entran el derecho al buen nombre, o a la honra y dignidad, y para esto se necesitan dar públicamente los nombres o definir, según lo que considere la familia, si lo más pertinente es que el perdón lo pida o el ministro o el comandante de que haya estado implicado en el hecho”, señaló Meza.

Meza aclaró que si bien no conoce en detalle el plan del Ministerio de Defensa, recomendó que no sea tomado como proyecto con una fórmula única pese al interés por ponerse al día con los casos represados.

Con directriz esperan garantizar la no repetición

Ante el complejo panorama de órdenes judiciales sin cumplirse y para evitar demoras en las diligencias, el ministerio construye una directriz que contiene los lineamientos, tiempos y planeación presupuestal que vaya más allá del pago de la sentencia, sino que que incluya además los recursos necesarios para la logística de un evento de perdón.

Sin embargo, insisten desde el ministerio, el objetivo principal es que los miembros de la fuerza pública, de ningún nivel, cometan hechos que estén por fuera del marco de la ley y de la protección de la población.

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