“Gobierno no renuncia a buscar libertad de jóvenes judicializados en protestas”: Iván Cepeda

La semana pasada estuvo llena de polémicas en relación con la Ley de Orden Público, la columna vertebral del proyecto de paz total de Gobierno Nacional. En especial, por los dos artículos que le darían la potestad al presidente Gustavo Petro de conceder indulto a los judicializados en marco de las protestas sociales.

Por tal motivo, el ministro de Interior, Alfonso Prada, anunció que se retirarán esos artículos con el propósito de que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso.

La decisión se dio el pasado viernes, cuando los titulares de las carteras del Interior, Defensa, Iván Velásquez; Justicia, Néstor Osuna, y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, estuvieron en elCongreso reunidos con diferentes bancadas y con los ponentes de la ley para tratar de calmar las aguas en relación con esos dos artículos.

"Sobre las 9:00 de la mañana el presidente dio el aval definitivoSe decidieron que las facultades de presidente para reglamentar lo concerniente a el sometimiento a la justicia se retiraba y se va a presentar más rápidamente la ley de sometimiento", dijo a BLU Radio Ariel Ávila, uno de los ponentes del proyecto.

Ávila comentó que el alto comisionado de Paz argumentó en esos encuentros que los instrumentos para la dejación de armas de los grupos criminales no son completos, pero que hay cómo hacerlo.

"Se quitarán de la ley de orden público y se tramitarán en una ley dedicada exclusivamente al tema de protesta social y con esto le damos mayores tiempos de debate, con esto escuchamos los partidos políticos y el ambiente general en el país", dijo en relación con los artículos más polémicos, los 16 y 17, concernientes a la protesta social.

Esta ley será votada este lunes 25 de octubre en el Senado y el martes 26 en la Cámara de Representantes, en tanto que el texto saldrá de la conciliación entre las comisiones Primera de Cámara y Senado.

Esta ley que ha denominado el senador como la de no estigmatización de la protesta social se presentará en un mes, que es el tiempo que se pactó con el Ministerio de Justicia. En dado caso de que no se lleguen a cumplir estos tiempos se presentaría en marzo del 2023 cuando el Congreso entre en el siguiente semestre legislativo.

"Con eso aspiramos a que sea probada de forma ágil para el marco regulatorio de la paz total", comentó Ávila. Este proyecto, que estructura las condiciones de cómo será el sometimiento de las estructuras criminales, dijo "está a un 90%, aspiramos que en dos semanas esté zanjado el debate y presentemos la ley".

Entre tanto, el senador Iván Cepeda confirmó las reuniones que se mantuvieron en el Congreso la semana pasada. "Esa decisión la toma el Gobierno en vista de que ha suscitado una polémica muy fuerte y creemos que hay que buscar las voces tanto de la coalición como la de oposición", dijo a BLU Radio.

Cepeda aseguró que el tema de la protesta social volverá al Congreso, pero que por ahora la prioridad es darle forma al marco legal del sometimiento de las bandas criminales para el proyecto de la paz total.

"El gobierno no renuncia a su empeño por buscar la libertad de jóvenes que han sido injustamente judicializados por su participación en las protestas sociales. No por haber cometido delitos que obviamente deben ser investigados y juzgados que no están incluidos inicialmente dentro de las posibilidades de un beneficio", dijo.

Aunque el senador no dio detalles de este proyecto que presentará el Gobierno en relación con la protesta social, sí aseguró que se examinarán los contextos y se hará la propuesta.

"El delito político no puede ser considerado un delito que sea homologable al terrorismo. Por lo tanto, sí tiene toda la razón el Gobierno, el presidente y la bancada de gobierno de plantear el tema, cómo se hará, en qué circunstancias, en qué contextos se examinará con calma y se hará la propuesta del caso", señaló.

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