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Exrector de Universidad de Córdoba dice que alertó a Uribe por cooptación de las AUC en institución

Víctor Hugo Hernández Pérez fue aceptado por la JEP tras sus aportes a la verdad, aunque negó su responsabilidad en un homicidio por el que fue condenado.

JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
Foto: AFP

Víctor Hugo Hernández Pérez fue rector de la Universidad de Córdoba y en 2010 fue condenado por el homicidio de Hugo Alfonso Iguarán, profesor de la institución educativa y miembro del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, según la sentencia, el docente fue señalado de ser supuesto colaborador de la guerrilla. El exrector Víctor Hernández pidió su sometimiento ante la JEP y fue aceptado en las últimas horas por sus aportes de verdad.

En la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz reveló algunos aportes que hizo el exrector ante la JEP, quien aceptó que se reunió con el exjefe paramilitarSalvatore Mancuso , pero dice que fue por presiones de las autodefensas e incluso señala que el mismo Mancuso le envió mensajes para que renunciara o si no sería asesinado.

El peticionario se refirió puntualmente a una reunión que sostuvo con Salvatore Mancuso Gómez en la que le exigió realizar una reforma a los estatutos para que la elección de los rectores fuera fácilmente manipulada por las AUC, así como modificar las convenciones colectivas de los trabajadores y eliminar servicios de salud integrales que se le ofrecían al personal administrativo de la universidad. Dichos cambios, según el solicitante, tuvieron lugar a partir del año 2003, cuando se posesionó como rector Claudio Sánchez Parra
JEP.

También señaló que fue presionado por los excongresistas Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, con el fin de que modificara contratos de profesores y personal de la universidad.

Estos señores Miguel Alfonso y Eleonora, se constituyeron en la red clientelar esa de la universidad, que manejaba la contratación, había que hacerla a través de ellos. Y en la Universidad de Córdoba, en Córdoba y en Colombia, quienes no hacían caso a lo que ellos decían terminaban muertos en una fosa común. Entonces esas fueron las personas que más se beneficiaron de esa red clientelar o de esa alianza parapolítica fueron esos dos señores: Miguel Alfonso de la Espriella y Leonora Pineda
Indicó ante la JEP el exrector de la Universidad de Córdoba.

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Por otro lado, entregó más de 20 nombres de profesores, empleados y estudiantes de la universidad que fueron víctimas de las autodefensas, explicó que desde 2003 parte del personal que era supuestamente de servicios generales realizaban labores de inteligencia y control dentro de las reuniones que hacían las agremiaciones sindicales, en las cafeterías y espacios públicos, con el fin de recolectar información que posteriormente se entregaba a las AUC.

Todo esto con el beneplácito del Estado colombiano cuyos gobernantes hacían parte de la alianza parapolítica generalizada en Colombia por esa época y que, en el seno del Consejo Superior, máximo órgano de dirección de la Universidad de Córdoba, sus delegados respaldaban con su voto, palabras y actos todas las acciones criminales de las AUC
señaló ante la JEP.

Según Hernández, él denunció tardíamente la presencia paramilitar en la Universidad de Córdoba por los constreñimientos a los que fue sometido y por lo que según él "todas las instituciones del Estado" estaban permeadas por las autodefensas, por lo que tuvo que esperar y salir de Córdoba para poder denunciar lo sucedido.

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Una vez se sintió fuera de peligro al salir de Córdoba, denunció lo sucedido ante varias autoridades públicas. Al respecto, recordó que en su “condición de desplazado y refugiado” envió varias comunicaciones al Ministerio de Educación, diputados del departamento de Córdoba, al obispo Julio Vidal Ortiz, varias dependencias del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), a la Defensoría del Pueblo, al presidente de la República de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, y a varios medios de comunicación" dice la JEP
mencionó la JEP

Aunque Hernández fue condenado por el homicidio de Hugo Alfonso Iguarán, ante la JEP no aceptó su responsabilidad en ese caso y señaló que hay una red de falsos testigos en su contra.

"Sostuvo que fue un crimen ordenado por Salvatore Mancuso Gómez en el que no tuvo participación alguna, pues contrario a lo que ha sido afirmado en la sentencia de justicia ordinaria, él no citó a Iguarán Cotes para que fuera asesinado en la sala de su casa, sino porque iba a proponerle ser su vicerrector académico", explica la resolución.

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