“El Estado ha elegido selectivamente a sus enemigos”: Comisión de la Verdad

En el capítulo del informe final 'Hasta la guerra tiene límites', la Comisión de la Verdad aseguró que el paramilitarismo fue determinante para el recrudecimiento de la guerra en Colombia, pues fue el actor que más responsabilidad tuvo en los homicidios, con el 46% de las víctimas.

Asimismo, los grupos paramilitares tienen responsabilidad en el 52% de los casos de desaparición forzada durante el conflicto, según la Comisión.

El paramilitarismo, de acuerdo a este informe, fue posible debido a las alianzas entre miembros de la fuerza pública, terratenientes, empresarios, políticos y narcotraficantes; y hubo seis factores que llevaron a la consolidación y expansión de estos grupos.

Además, hubo una promoción de grupos de defensa civil desde la década de los 70, que cometieron acciones relacionadas con el paramilitarismo, la connivencia con la fuerza pública y, también, una legalización que hubo de los proyectos paramilitares. Todo por medio de las Cooperativas de Seguridad Privada, según la entidad.

"Desde los 70, el Ejército promovió la creación de 'juntas de autodefensas' o grupos de defensa civil en el sur de Córdoba, amparadas en el Decreto 3398 de 1965, para que ganaderos y otros terratenientes se involucraran en la guerra contrainsurgente", explicó el documento.

Asimismo, un ejemplo según el cual se demostraría la legalización del paramilitarismo es el de ‘Los Pepes’: los Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo conformado por el Cartel de Cali y algunos exsocios del capo que habrían trabajado en alianzas con la fuerza pública.

"Desde la institucionalidad, miembros del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, funcionarios del DAS y de agentes de la DEA trabajaron de la mano de Los Pepes en el propósito común de matar a Escobar. La breve existencia de los Pepes es también un ejemplo excepcional para entender cómo el Estado –desde sus centros de poder– ha elegido selectivamente a sus enemigos –en este caso Pablo Escobar–, mientras ignora –y en ocasiones promueve– los crímenes de actores ilegales que resultan funcionales a sus fines, en particular, los de los paramilitares de Castaño y los del Cartel de Cali", señaló el documento.

La impunidad también habría aportado a la consolidación del paramilitarismo, pues no había condenas por los delitos cometidos por estos grupos; pese a la evidencia que habría en estos casos, en los cuales se evidenciaban las alianzas entre agentes de Estado y dichos grupos, con el fin de ganar la guerra contra las guerrillas.

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Incluso, mencionó el informe que según los datos recolectados por la Comisión, desde algunas instituciones del Estado se le ordenaba a los paramilitares hacer las labores que el Ejército no podía llevar a cabo.

"Los miembros del Bloque de Búsqueda no fueron llevados a juicio, a pesar de las evidencias del fiscal Gustavo De Greiff... el Estado colombiano no demostró un compromiso efectivo para contener ese proyecto contrainsurgente, contrarrestar su repertorio de violencia y estimular la investigación penal contra quienes colaboraron y financiaron sus actividades", indicó.

Finalmente, la Comisión determinó que la estructura paramilitar se consolidó por las alianzas entre ganaderos, narcotraficantes, altos mandos del Ejército y sectores políticos

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