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Control social y abusos en Colombia: las graves revelaciones del informe de la OEA

En algunas regiones de Colombia se limitó el uso de prendas de vestir o se exigió de autorizaciones para ingresar.

Disidencias de Farc
Disidencias
Foto: AFP, referencia

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó su informe semestral, que comprende el periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, incluyendo el marco denominado como el inicio de la paz total .

En él hay un capítulo especial denominado ‘Justicia de facto’, es decir, el control social sobre la población civil y cuya dinámica es recurrente en el siguiente orden: ELN , Estado Mayor Central, AGC y Segunda Marquetalia.

En regiones como Córdoba, por ejemplo, el Clan del Golfo o AGC limitó el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro; también elementos que cubran el rostro como gorras y gafas.

En Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central exigió a los ciudadanos carta de autorización firmada por el comandante del bloque o frente para ingresar a sus regiones, además de la obligatoriedad de portar carné y pruebas clínicas de enfermedades de transmisión sexual.

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Además, en regiones de Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la movilidad terrestre y fluvial está restringida entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. El Estado Mayor Central en algunas zonas ha instalado vayas fijando normas de tránsito, control de velocidad, restricción de casco y de vidrios polarizados.

El informe también muestra que en el sur de Córdoba integrantes de los grupos ofrecen dinero por abusar sexualmente de las niñas; los montos varían dependiendo de si las menores de edad han tenido o no relaciones sexuales previamente.

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Y en el Catatumbo, las personas consumidoras de sustancias ilícitas son obligadas a realizar trabajos de resocialización, lo que implica trabajos forzados no remunerados durante semanas o meses. Para ser liberadas deben comprometerse a no recaer, bajo la amenaza de desplazamiento forzado u homicidio.

Lo más paradójico, según el documento, es que las entidades del Estado deben solicitar permiso a los comandantes de frentes para ingresar a las zonas, registrarse y permitir que sus elementos de trabajo con información confidencial sean requisados.

En este informe la MAPP/OEA insta a los grupos armados ilegales a sumarse con determinación a la paz total en Colombia y entrega 24 recomendaciones dirigidas a 18 entidades de orden nacional para que se profundice el diálogo con ciudadanía.

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