Congresista hace un llamado urgente a la Fiscalía para avanzar en la paz total

La Fiscalía General de la Nación manifestó que no puede levantarles las órdenes de captura de 16 jefes del Clan del Golfo y del grupo 'Los Pachenca': grupos paramilitares que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta, para avanzar en el proceso de la paz total.

Según el ente investigador, la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Esta postura fue rechazada por el representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, quien se pronunció en su cuenta de Twitter y le pidió a la Fiscalía ceñirse a la Ley 2272 de 2022.

"Hago Llamado Urgente a @FiscaliaCol a cumplir con las normas dispuestas para la #PazTotal en Colombia. Decisión de Vice Fiscal #MarthaJanetMancera es un grave Yerro Jurídico y desconoce Ley 2272 de 2022 de Orden Público y Paz Total", publicó en su perfil.

De acuerdo con Uribe, el artículo 8 de la Ley Orden Público, en su parágrafo 2, establece la posibilidad que se suspendan las órdenes de captura contra representantes de organizaciones que estén adelantando diálogos de paz, o en diálogos de sometimiento a la justicia. Argumento que también expuso el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

"Al negar las 16 suspensiones de órdenes de captura a los miembros representantes de las organizaciones criminales de alto impacto en proceso de diálogo, es un yerro jurídico grave y pone en riesgo el cese al fuego", expresó el parlamentario.

A su vez, hizo énfasis en que la norma establece criterios para dos tipos de organizaciones: las de carácter político y las de naturaleza criminal de alto impacto.

"Son los jueces de control de garantías que mirarán las suspensiones, el Gobierno debe hacer explícita naturaleza de grupos en diálogo", recalcó Uribe en su perfil en esta red social.

Aunque el Gobierno aseguró que la solicitud está amparada en normas que permiten esa facultad, la Fiscalía insistió en que legal y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar dichas órdenes.

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