La Sección Primera del Consejo de Estado admitió para estudio la demanda que busca la nulidad de una resolución que fue firmada por el presidente Gustavo Petro hace tres meses.
El demandante, Santiago Suárez Morales, pide que se declare la nulidad de la resolución 0345 del 30 de agosto de 2024 con la que designa a cuatro disidentes de las Farc como gestores de paz, por un periodo de seis meses.
Los beneficiados por esa medida son Edgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu'; Wenser Sony Duque, alias 'Oliver'; Diego Armando Vargas Betancur, alias 'Boyaco'; y María Alejandra Ojeda, disidentes de las Farc y que en julio de este año fueron sorprendidos por el Ejército Nacional mientras se movilizaban armados en una caravana de vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La resolución, que fue firmada por el presidente Gustavo Petro, solicita a las autoridades judiciales que suspendan las órdenes de captura y las demás medidas judiciales de carácter penal que pesan sobre estas personas que tienen un amplio prontuario delictivo en varias regiones del país.
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Para Suárez Morales, el demandante, la resolución presidencial es inconstitucional porque es contraria al marco legal vigente. Según él, la designación viola los códigos penal, procedimiento penal, procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y a los precedentes de la Corte Constitucional.
La demanda solicita al Consejo de Estado que garantice la protección de los derechos de las víctimas de las disidencias de las FARC-EP, asegurando que los gestores de paz designados sean sometidos a un proceso penal justo que respete los principios de verdad, justicia y reparación.
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