La procuradora Margarita Cabello Blanco indicó que los particulares que contribuyan a ocasionar un daño al patrimonio público pueden ser declarados fiscalmente responsables, así no administren recursos o fondos del Estado.
El concepto fue enviado a la Corte Constitucional por una demanda contra el artículo 34 de la Ley Anticorrupción (2195 de 2022) que declara fiscalmente responsables a quienes atenten contra TransMilenio o bienes públicos, y por ende, podrían tener no solo sanciones penales, sino también económicas.
El Ministerio Público también señala en el concepto que la demanda contra este artículo no está llamada a prosperar, porque el demandante: “no conoce el carácter amplio e integral del modelo de vigilancia, y control fiscal establecido en la Constitución, el cual , bajo ciertas condiciones autoriza a las autoridades adelantar juicios de responsabilidad en contra de particulares que afecten el patrimonio público, aún sin carecer la condición de gestores fiscales”.
Según la Procuraduría, la norma demandada no desconoce los mandatos legales para ejercer vigilancia y control fiscal, por lo que solicitó declarar esta norma viable para que no sea aprobada la demanda.
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