Tras conocerse la noticia del decreto que le pone un ultimátum al hoy partido político Farc para que entreguen los bienes que en su momento habían sido informados en el proceso de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, Pastor Alape, uno de los jefes de la colectividad, señaló, nuevamente, que se trata de una estrategia para acabar con la implementación.
“Ese decreto fue decidido de manera unilateral por parte del Gobierno, violando el acuerdo de que es en la CSIVI donde se establecen las iniciativas normativas como iniciativas porque no es un mecanismo que tenga capacidad de decisión, pero sí como iniciativa para recoger las opiniones por parte nuestra. En ese sentido, nos toca hacer nuestras observaciones y reaccionar”, dijo.
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“El decreto lo consideramos parte del instrumento que viene construyendo el Gobierno para la ejecución de la estrategia de generar opinión contra Farc y la implementación del acuerdo, con el argumento de que estamos incumpliendo lo que firmamos. Es parte de esa campaña para desmontarse la presión por los incumplimientos que ha ejecutado el Estado en materia de implementación”, señaló Alape a BLU Radio.
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Agregó que consideran que el decreto es un ataque contra el acuerdo de paz, con un contenido que calificó como “agresivo e incoherente”, pues manifestó que será complicado que de aquí al 31 de julio, el Gobierno se ajuste y cumpla con los términos de ejecución de operaciones para la recepción de los bienes.
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“La mayoría están en la que se consideraba la retaguardia de las Farc cuando estaba en armas, que eran en baldíos o zonas de reserva forestal y eso implica hacer las respectivas operaciones de sustracción legales que tiene que desarrollar el Estado para resolver parte de lo que quedó en la reforma rural integral. Es decir, que la implementación no se puede fraccionar punto por punto cuando el acuerdo hace parte de un todo”, explicó.
Uno de los argumentos que advierte el Gobierno es que a la fecha no se ha concluido la entrega de todos los bienes inventariados y no es significativo el avance en la entrega por la dificultad para designar delegados y en el suministro de información para identificar y ubicar dichos bienes.
Así las cosas, Alape lanzó dardos en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien en su momento cuestionó fuertemente lo que se registró por parte de la antigua guerrilla, diciendo que los vacíos eran más de lo que se reportó.
“Hace parte de esa estrategia que dejó establecida el anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez. En esencia, esto es parte de esa mentalidad de guerra que tienen sectores del poder en Colombia y no es la visión de la construcción de paz en el marco de una realidad en la que la lucha o la visión contra insurgente tiene que desmontarse. Esas son las realidades que subyacen en ese tipo de estrategias. Porque en definitiva lo que quieren demostrar es que nosotros éramos no una organización política alzada en armas, sino una organización de mafiosos. Por eso tienen la nariz chata de tanto estrellarse frente a una realidad concreta porque lo que constituyó la economía de guerra de Farc no era una visión capitalista de los recursos. Los recursos tenían el objetivo exclusivo de sostener el alzamiento armado. Por lo tanto, las inversiones se hacían para las comunidades”, dijo el hoy líder del partido Farc.
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“La institucionalidad no puede monetizar, por ejemplo, los bienes sociales como carreteras, centros de salud, acueductos, todas las campañas que se hicieron para llevar medicamentos, brigadas de salud. Eso tendríamos que ponerlo en parte de ese inventario porque eran los gastos que implicaba la guerra y fue donde se consumieron esos recursos. Pero el fiscal en su concepción mafiosa pensaba que era como los funcionarios que se van robando la plata del Estado y la van acumulando en los bancos extranjeros”, concluyó Alape.