El pasado jueves 16 de noviembre la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP hizo una audiencia para evaluar una solicitud de las víctimas del Palacio de Justicia en la que se pide decretar medidas de protección para tres lugares de memoria histórica; la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur.
Tras escuchar a diferentes entidades y a las víctimas , los magistrados de la sección decidieron emitir unas órdenes, algunas de ellas vinculan al Gobierno nacional y a la Alcaldía de Bogotá. Al distrito le ordenan retirar una placa relacionada con los hechos de toma y retoma del Palacio de Justicia, pues no hace referencia a la responsabilidad del Estado.
“Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dentro de los 15 días siguientes a la notificación del presente auto se retire la placa No XXIV instalada en el Palacio Liévano relacionada con los hechos del Palacio de Justicia”, señaló la JEP, una decisión que fue apelada por la Procuraduría.
Ante esta situación René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las mujeres que estuvo en el Palacio de Justicia, durante la toma y retoma, le pidió al director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Patrick Morales Thomas, cubrir la placa mientras se resuelve la apelación de la Procuraduría.
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"Solicitamos por favor mientras la decisión de retiro de la placa queda en firme ya que la procuraduría general de la nación no estuvo presente en la audiencia, cubrir totalmente la misma con una tela blanca que no permita leer su contenido al no expresar la verdad completa de los hechos que han tenido sentencia condenatoria de la corte interamericana por la desaparición de nuestros familiares, igualmente solicitamos que al momento de colocar la tela nos sea notificada la hora y fecha a las personas copiadas en el presente correo electrónico, familiares y acompañantes del caso que cumple 38 años de impunidad" señala René Guarín en la solicitud.
Por otro lado, en dicha diligencia en la JEP hubo una orden de los magistrados al gobierno nacional para que se adelanten las gestiones necesarias ante el gobierno de Estados Unidos para lograr la desclasificación de los archivos de inteligencia relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.
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