La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Civil, señaló que los padres deben asistir a las terapias organizadas por las comisarías de familia para solucionar los problemas frente a sus hijos, de lo contrario serán sancionados.
La historia es la siguiente: una comisaría impuso una medida de protección a un niño llamado Luis Daniel (se cambia nombre por proteger identidad). Allí se ordenó que la madre debía abstenerse de actos violentos y agresión, a través de cualquier medio, porque este menor era objeto de continuos maltratos.
Del mismo modo se expuso que ni la madre ni el padre del menor podrían tener discusiones en presencia del menor ni el mismo podía ser vinculado en ningún conflicto. El compromiso fijado pedía que los padres asistieran a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez y que los primeros días hábiles de cada mes deberían pedir una cita con la Defensoría del Pueblo.
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Tiempo después, la madre del menor fue multada a pagar dos salarios mínimos por incumplir lo pactado en la comisaría. En caso de no cumplir con la multa podía ser arrestada.
La mujer demandó a la comisaría, pero una decisión judicial le respondió, por medio de acción legal, que las funcionarias públicas actuaron de acuerdo con lo establecido en dichos casos. La mujer impugnó la decisión, pero la Corte Suprema le dio la razón a la comisaría advirtiendo precisamente que los padres tienen el deber de asistir a las terapias organizadas por los comisarios de familia para solucionar los problemas frente a sus hijos; de lo contrario serán sancionados con multas o incluso arresto.
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