¿Qué pasaría en Colombia si se decreta el Estado de Conmoción Interior?

El Estado de Conmoción Interior es una medida excepcional que puede declarar al Gobierno colombiano en situaciones de crisis o perturbación grave del orden público.

Esta figura jurídica, contemplada en la Constitución Política de Colombia, otorga al Gobierno facultades especiales para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, explicó: "La conmoción interior muestra un desarrollo jurídico que busca dar unas capacidades especiales a los estados. La preocupación mía es que, ¿el Estado no puede, o no quiere?".

¿Cuándo se declara el Estado de Conmoción Interior?

Se declara un Estado de Conmoción Interior cuando se cumplen ciertos requisitos:

• Perturbación grave del orden público: Debe existir una situación de violencia, desorden o inestabilidad que afecte de manera significativa la convivencia pacífica y la seguridad de la sociedad.
• Amenaza a la estabilidad institucional: La perturbación debe poner en riesgo la gobernabilidad del país, la seguridad del Estado o el funcionamiento de las instituciones democráticas.
• Imposibilidad de controlar la situación con las herramientas ordinarias: Los mecanismos legales y las fuerzas del orden habituales no son suficientes para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

¿Qué implica declarar un Estado de Conmoción Interior?

Al declarar este estado, el Gobierno puede:

• Expedir decretos con fuerza de ley: Esto significa que el Gobierno puede crear nuevas normas o modificar las existentes sin la aprobación del Congreso.
• Suspensor de garantías constitucionales: Algunas garantías individuales, como la libertad de reunión o la inviolabilidad del domicilio, pueden ser restringidas temporalmente.

El Estado de Conmoción Interior, si bien otorga al Gobierno poderes excepcionales para restablecer el orden público, no es una medida absoluta. Existen límites y controles establecidos tanto en la Constitución como en la jurisprudencia para garantizar que esta figura no se utilice de manera arbitraria o para vulnerar los derechos fundamentales.