Dura carta de Brookfield que advierte al Gobierno que incumple tratados internacionales

Brookfield está ambientando lo que puede ser una demanda internacional contra el Gobierno colombiano por su intervención en el mercado eléctrico y envió una durísima carta al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, advirtiéndole que está incumplimiento los tratados internacionales suscritos por Colombia. Una forma de ambientar una posible demanda contra el país.

La gota que rebozó el vaso fue la propuesta del Gobierno nacional de limitar a 5 % el máximo de energía que una compañía de generación puede vender en la bolsa mayorista. Sin embargo, la empresa se queja, de que el Gobierno ya ha tomado otro tipo de decisiones en la misma dirección, como cambiar el funcionamiento del precio de escasez.

"Las medidas anunciadas en el proyecto de decreto vulneran los estándares de protección consagrados en acuerdos internacionales y causarían una pérdida sustancial en el valor de la inversión efectuada”, señaló la compañía.

Brookfied es una empresa canadiense que llegó al país en enero del 2016 cuando le compró las acciones de Isagén al Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, desde entonces ha seguido operando e invirtiendo en el país. Para la muestra, Isagén opera el parque eólico Guajira 1.

La empresa califica como “arbitraria e injustificada” la imposición de un límite a la cantidad de energía que puede vender en bolsa y se queja de que esta jugada del Gobierno la obligaría a comprar energía cara cuando no llueva y no poder vender excedentes al mercado de la bolsa cuando sí llueva.

Eso sin mencionar de que, según la misiva, hay una violación flagrante al régimen de competencias establecido en la ley”, pues esta decisión tenía que salir de la Creg y no del ministerio.

“Resulta alarmante la conducta desplegada por el Estado Colombiano frente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg", señala la carta.

El límite a la compra de energía es por ahora una propuesta regulatoria del Gobierno nacional que debe surtir un proceso de discusión pública. Sin embargo, el propio presidente Gustavo Petro ha defendido en público la decisión, lo que anticipa que él firmará el decreto a pesar de las críticas del sector.