El Congreso debate el proyecto que prorroga laley 418 de orden público con la que se busca darle facultades especiales al Presidente Petro. Este miércoles, en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se analizará qué tan conveniente resulta que el mandatario tenga dichas potestades y si en virtud de esas facultades podrían los narcotraficantes terminar incluidos en la JEP.
Sobre el tema habló monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura, quien aseguró que "cualquiera puede entrar", sin distingo de bandas criminales.
"No podemos pensar en cerrar la puerta desde el principio. Aquí se está afectando a todas las ciudades de nuestro país unas bandas criminales que se van organizando cada vez más y van respondiendo a estructuras. Ese desmonte es muy importante. Nosotros sabemos que no está construida, pero elaborarla no es nada fácil", declaró.
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Según monseñor Jaramillo, la clave es generar un clima de confianza. "Hay que crear un clima de confianza. Saben que no vamos bajo un interés ni político ni económico, el único interés es la paz. Si queremos bajar la criminalidad, tenemos que pensar que el Estado tiene que bajar al nivel de poder ofrecer alternativas; nadie se va a entregar gratis”, dijo.
“El Estado debe asumir el control de los territorios (...) ha fallado y ha dejado los territorios solos. Queremos que los jóvenes tengan otra alternativa distinta a tomar un arma e ir a cobrar una extorsión”, agregó el obispo de Buenaventura.
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Así avanzan los acercamientos
Esta semana el grupo conocido como "Segunda Marquetalia" bajo el mando de alias 'Iván Márquez' manifestó su intención de sumarse a las negociaciones. Se trata uno de los grupos a los que el Gobierno busca incluir en esta política, aunque, como pasa con el otro gran grupo de disidencias, el Estado Mayor Central comandado por 'Iván Mordisco' , hay críticas de cierta parte de la sociedad que considera que ellos ya tuvieron su acuerdo de paz -el de 2016- y no quisieron acogerse a él, por lo que no ven con buenos ojos una segunda oportunidad.
Sin embargo, estas posibles negociaciones, tanto con las disidencias como con los paramilitares Clan del Golfo y otros grupos armados y narcotraficantes, no podrán lanzarse hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley de "paz total" que reforma algunas leyes para permitir un sometimiento a la justicia o la negociación política con ellos, que es lo que pretende el Gobierno.
Las conversaciones con el ELN, un diálogo que el Gobierno piensa retomar el mes que viene formalmente, quedan fuera de esa ley, pues las bases ya fueron sentadas por la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se busca retomar desde el punto en que las negociaciones se cayeron.
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