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Oposición reclama por decenas de denuncias sin atender por parte de la UNP

Durante la plenaria de la Cámara, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre riesgos en materia de seguridad para integrantes de partidos de oposición.

Juan Fernando Espinal
Juan Fernando Espinal
Foto: X: @Juan_EspinalR

Durante la presentación del informe de garantías en el marco del estatuto de la oposición, la Procuraduría General de la Nación señaló que el CNE había informado que no se ha verificado el cumplimiento de los derechos relacionados con los accesos a medios de comunicación, argumentando que estos no han sido puestos en marcha, por no contar con los recursos para la contratación.

“El CNE debe realizar las gestiones que correspondan para contar con los recursos que se requieran, con el objetivo de garantizar el acceso al derecho de réplica por parte de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, dijo la procuradora delegada, Diana Niño.

A su turno, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia de riesgos de seguridad para precisamente estos actores políticos.

Además, se refirieron a los espacios institucionales, donde se señaló que el Consejo Nacional Electoral no ha realizado la asignación de dichos espacios, a pesar de que se contempla en el presupuesto de la presente vigencia una partida de $2.300.000.000 destinada a la oficina de comunicaciones para el estatuto de la oposición.

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El representante Juan Espinal del Centro Democrático se pronunció durante esta sesión y señaló que le han enviado más de 100 solicitudes a la UNP por amenazas de muerte y no les han dado respuesta. “La seguridad de la oposición está en riesgo cuando los únicos que se han beneficiado por la paz total han sido los delincuentes. Muchos colegas se paran en este atril a reclamar seguridad ”.

Además, mencionó que en varias ocasiones se dirigió hacia el anterior ministro del Interior Luis Fernando Velasco, con una carpeta cargada de denuncias que nunca fueron escuchadas.

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Añaden que la UNP no cuenta con una variable que permita identificar, si el solicitante de la medida de protección pertenece a una organización política declarada en oposición.

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