En el más reciente informe del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se refirió a las elecciones en el país este año, asegurando que, dado al devastador costo humano de más de cinco décadas de conflicto entre el Estado y las antiguas FARC-EP, es una obligación moral garantizar el éxito de la paz en Colombia.
"El secretario general confía en que los colombianos y dirigentes políticos del país puedan reconocer que el logro de una paz duradera no puede seguir siendo motivo de desacuerdo”, se lee en el informe.
Este documento abarca el periodo del 25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021, en el que también se resalta que, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 34 asesinatos de defensores de los derechos humanos (7 verificados y 27 en proceso de verificación), de los cuales cinco eran mujeres, uno era afrocolombiano, uno pertenecía a la comunidad de personas lesbianas, gais ,bisexuales, transgénero e intersexuales y seis eran indígenas.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron reportados en 2021, 196 asesinatos de defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales, de esos, 75 están verificados y 38 están en proceso de verificación.
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De igual manera, dan a conocer que se documentaron siete masacres que dejaron 29 víctimas, sumando 56 masacres y 222 víctimas en 2021 y aproximadamente 72.600 personas han sido desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente.
Según el informe, en estos cinco años la violencia contra líderes sociales, excombatientes y comunidades, se ha concentrado principalmente en 30 municipios y la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil. Desde la firma del Acuerdo, 303 excombatientes (10 mujeres) han sido asesinados, diez durante el periodo del informe, entre ellos, María Muñoz, excombatiente indígena del Cauca.
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