En el más reciente informe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia sobre implementación del acuerdo final de paz, que abarca el periodo entre el 28 de diciembre de 2021 y el 25 de marzo del 2022, el secretario general Antonio Guterres destacó el proceso electoral que se llevó en Colombia en la que participaron nuevamente la extinta guerrilla de las Farc y se hizo la elección de las circunscripciones transitorias especiales de paz.
"Al aproximarse las elecciones presidenciales, el secretario general alienta a las fuerzas políticas a mantener su compromiso con una campaña libre de violencia y estigmatización, y confía en que la ciudadanía colombiana y sus líderes políticos honrarán los principios que inspiraron el acuerdo final de paz al participar en el debate democrático".
Pero también aplaude que "la gran mayoría de exintegrantes de las Farc-EP pudieron votar, y que los incidentes registrados durante la jornada electoral se resolvieron conjuntamente entre entidades gubernamentales y estatales, representantes de excombatientes y la Misión".
Sin embargo, reitera su advertencia sobre los riesgos a los que se enfrenta la consolidación de la paz. “Los avances logrados en la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional y las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el acuerdo final”.
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El secretario general reiteró su preocupación por la seguridad de los antiguos miembros de las Farc-EP. Desde la firma del acuerdo final de paz han sido asesinados 315 excombatientes (10 mujeres). El informe también subraya que el deterioro en las condiciones de seguridad está teniendo un impacto cada vez mayor en sus proyectos productivos y cooperativas por lo que invita al Gobierno nacional a adoptar medidas de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz.
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El informe también advierte que se han intensificado los niveles de violencia que afectan a la población civil, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, en departamentos como Chocó y Putumayo, así como en Arauca como consecuencia de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc-EP.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 13.000 personas desplazadas forzosamente, y más de 48.000 personas confinadas entre el 1 de enero y el 15 de marzo. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Respecto a las sanciones propias que emitirá la JEP, el secretario general resaltó que estas “tienen el potencial de demostrar que la paz y la justicia pueden reforzarse mutuamente manteniendo a las víctimas en el centro del proceso”. El informe señaló que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha intensificado los preparativos para la implementación de su mandato de verificación de las sanciones propias.
Como avance positivo, se informa sobre la compra, por parte del Gobierno, de dos terrenos para el antiguo Espacio de Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Anorí, Antioquia, elevando a 10 el número de antiguos ETCR que ya cuentan con tierras.
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El próximo 12 de abril, el presidente Iván Duque hablará luego de que la Misión de Verificación de la ONU presente el informe trimestral sobre el avance en la implementación del acuerdo de paz.
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