La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles a Colombia que mejore la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, después de que esta instancia de la ONU verificara al menos 105 homicidios de estos activistas en 2023 y recibiera denuncias de otros 98 asesinados en la primera mitad de 2024.
"Recomendamos que se impulse una reforma profunda del modelo de protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, con participación de ellos", destacó al respecto el director de operaciones y cooperación técnica de la oficina, Christian Salazar, quien habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU .
La violencia contra defensores y líderes sociales, subrayó, "afecta en particular a miembros de las Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden la tierra y el medio ambiente".
El responsable de cooperación técnica subrayó que pese a los avances y la disminución de algunos indicadores de violencia en Colombia el pasado año, el control de algunos territorios por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales sigue afectando a la población civil en distintas zonas del país.
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Buena colaboración ONU-Colombia
Salazar valoró en general positivamente el nivel de cooperación, pese a las actuales dificultades presupuestarias de la oficina del alto comisionado Volker Türk con el Gobierno colombiano, un hecho que, según él, "ilustra su compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de la paz".
Esta colaboración, aseguró, es vital para "la construcción de una memoria colectiva sobre el conflicto armado y sus múltiples y trágicas facetas".
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La investigación de las violaciones de derechos humanos en el marco de ese periodo continúa, señaló el responsable de la oficina de la ONU, quien lamentó sin embargo la persistencia de "un alto nivel de impunidad", que según indica también la Comisión de la Verdad es uno de los factores para que continúe la violencia en Colombia.
Pese a ello, la oficina de Naciones Unidas ve avances en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo en lo concerniente a los "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.400 personas por parte de fuerzas militares presentadas como "muertos en combate".
Protestas durante el estallido social
Salazar subrayó que la oficina del alto comisionado Türk también asiste en el proceso de presuntos abusos por parte de la Fuerza Pública durante las protestas de 2020 y 2021, habiendo documentado y analizado 46 muertes que fueron presentadas para su investigación a la Mesa Interinstitucional Permanente.
"Reiteramos la importancia de que la jurisdicción ordinaria asuma las investigaciones en casos de presuntas graves violaciones de derechos humanos atribuidas a integrantes de la Fuerza Pública y que dichas investigaciones sean conformes con los estándares internacionales de derechos humanos", agregó.
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En el turno de réplica, el embajador colombiano ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, subrayó la importancia de que su país "esté abierto al escrutinio internacional y mantenga una revisión constante, rigurosa y atenta al proceso de construcción de la paz".
Abiertos a recomendaciones
Por ello, señaló el jurista y especialista en derechos humanos, el Gobierno colombiano valora tanto el informe de la oficina de Naciones Unidas como los de la experta internacional designada por esa misma instancia para identificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, la exministra de Asuntos Exteriores chilena Antonia Urrejola.
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"Sabemos que los retos son grandes y que persisten importantes problemas en materia de paz y de derechos humanos; sólo reconociéndolos podremos tomar las medidas y emprender las acciones necesarias para superarlos. Tenemos la decisión férrea de hacerlo", afirmó el jefe de la misión colombiana.
Gallón presentó como símbolo de ese compromiso el viaje esta semana del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde inaugurará junto al secretario general de la ONU, António Guterres, un monumento para la paz en Colombia, realizado con armas de excombatientes.
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