El Comité de la ONU contra la Tortura expresó su inquietud el pasado viernes acerca de los insuficientes avances en las investigaciones sobre los presuntos abusos policiales ocurridos durante las protestas sociales en Colombia en los años 2019 y 2021. Asimismo, denunció el uso indebido de la legislación antiterrorista para perseguir a los manifestantes .
El informe, que es el sexto sobre la situación del país, fue elaborado tras la evaluación de las autoridades colombianas por parte del comité los pasados 18 y 19 de abril. El comité indicó que entre los abusos policiales denunciados se encontraba el uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo armas y gases lacrimógenos.
Además, el documento hecho público hoy y aprobado el pasado lunes 8 de mayo, señala que los diez expertos del comité presidido por el mexicano Claude Heller recibieron denuncias de actos de tortura física y psicológica a manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas.
El informe también incluye denuncias sobre casos de detención arbitraria, desaparición forzada y violencia sexual y de género, supuestamente cometidos por agentes de la policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El comité ha solicitado la pronta e imparcial investigación de todas las denuncias y ha exigido que se garantice el enjuiciamiento de los presuntos responsables de estos abusos por la justicia ordinaria, impidiendo la intervención de la jurisdicción militar.
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El comité ha recibido informes sobre homicidios, desapariciones forzadas y otras agresiones perpetradas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de civiles presuntamente cometidos por fuerzas públicas, en el marco del conflicto armado. Los grupos no estatales también han sido denunciados por reclutar forzosamente a menores y en una zona en conflicto, mujeres y niñas que viven en zonas donde se aplican programas de sustitución de cultivos ilícitos, sufrieron violencia sexual, mientras que las comunidades indígenas y afrocolombianos sufrieron desplazamientos forzados.
El comité lamenta los escasos avances en la investigación de estos abusos en las zonas en conflicto, y pide al Estado colombiano que redoble sus esfuerzos para erradicar la violencia de grupos armados no estatales, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Los expertos de la ONU recomiendan aumentar la presencia de las autoridades civiles en áreas afectadas por la violencia de grupos armados, así como el despliegue y la capacidad territorial de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público.
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