La Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los derechos Humanos, en su más reciente informe anual, documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017 en Colombia.
Los casos se presentaron en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Policía.
Dice la ONU que genera preocupación que, por segundo año consecutivo, se registraran presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército en Bolívar, Cesar y Norte de Santander.
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Cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales.
Precisa el organismo internacional que otros tres casos, presuntamente, ocurrieron durante operaciones militares en contra del ELN.
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Tres más están relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza durante procedimientos policiales de rutina.
Entre los factores que contribuyen a la ocurrencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentra la posible falta de mando y control por parte de los comandantes de la Policía y de las fuerzas armadas.
La ONU recomienda al Estado “fortalecer la capacidad operativa de las instituciones civiles en zonas rurales con el fin de evitar que las fuerzas armadas desempeñen funciones por fuera de su ámbito de responsabilidad”.
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