La oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de Colombia en esta materia durante el 2024. La situación sigue siendo preocupante, pues la ONU recibió al menos 89 denuncias sobre posibles masacres en el país durante el 2024, 72 casos ya fueron verificados.
Reclutamiento de menores en Colombia
Sin embargo, una de las situaciones más complejas se da por el reclutamiento de menores. Durante 2024 se verificaron 216 casos: 118 niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género.
“Lo que implica un deterioro respecto a 2023, a pesar de que estas cifras representan solo una muestra del total de casos ocurridos en todo el país. Preocupa que un alto porcentaje de víctimas pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes (58 %). Varias víctimas reportaron haber recibido castigos físicos, haber sido usadas para el reclutamiento de otros niños y amenazadas tras su desvinculación del grupo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, documentó casos de niños y niñas asesinados en el marco de hostilidades, o como resultado de represalias internas del grupo. Documentó también el caso de dos niños reclutados que fueron torturados y asesinados en Guaviare. Asimismo, el ACNUDH registró amenazas a los familiares de las víctimas después de denunciar los hechos o de tratar de recuperar a niños y niñas”, se lee en el informe de Naciones Unidas.
Algunos casos no son denunciados por el temor de las familias de los menores, pues incluso los grupos amenazan a los padres para que no pongan en conocimiento de las autoridades esta situación.
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“Preocupa la especial incidencia de la violencia sexual ejercida contra pueblos indígenas y afrodescendientes, contra personas migrantes, así como contra la niñez víctima de reclutamiento. El ACNUDH recibió información de violaciones, uniones tempranas y anticoncepciones forzadas afectando a niñas reclutadas desde los 12 años. También recibió alegaciones sobre trata y explotación sexual de mujeres y niñas, incluyendo migrantes y refugiadas venezolanas”, agrega el informe de la ONU.
89 casos verificados de homicidios de líderes sociales
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, recibió 191 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia en 2024, 89 de ellos fueron verificados, pero además, se recibieron 569 denuncias sobre amenazas y otras afectaciones contra los defensores de derechos humanos, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, siguen siendo los más afectados.
“En los casos verificados, 77 de las víctimas eran hombres, 11 eran mujeres y una era mujer trans. Por segundo año consecutivo, se registró una disminución del 15 % en el número de casos verificados en relación con 2023. Diversos grupos armados no estatales serían los presuntos responsables del 71 % de los homicidios verificados”, señala el reporte.
Presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública
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La oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió 33 denuncias sobre privaciones arbitrarias que habrían cometido integrantes de la fuerza pública, 18 fueron verificadas, lo que representa una disminución del 39 % respecto de las alegaciones recibidas en 2023.
“El ACNUDH recibió también 40 alegaciones de otras violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, de las que ha verificado 15 que incluyen alegaciones de torturas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia por razón del género, incluyendo violencia sexual; violaciones a la integridad personal; detenciones arbitrarias y discriminación; corrupción o connivencia entre miembros de la fuerza pública y organizaciones criminales o grupos armados no estatales; y omisiones en el deber de protección de comunidades y/o víctimas por parte de la fuerza pública”, explica Naciones Unidas.
Por otro lado, sobre la política de paz, la ONU advierte que se debe fortalecer la gobernabilidad e impulsar la transformación territorial, reforzando además a las autoridades locales, indígenas y afrodescendientes. Además, se debe mitigar el riesgo de legitimar el poder de los grupos y por eso los acuerdos logrados deben llevar a la transformación territorial.
Sobre la JEP, Naciones Unidas pidió avanzar en algunas investigaciones como las que tienen que ver con los casos de violencia sexual durante el conflicto .
Recomendaciones
En el punto de las recomendaciones, la ONU implementará la política de seguridad y avanzará en la política de desmantelamiento de estructuras ilegales. También hay puntos relacionados con el tema del reclutamiento de menores.
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“Incluir como punto central en los diálogos y negociaciones con actores armados no estatales el acceso irrestricto del Estado en los territorios para garantizar la protección de derechos, así como el fin del reclutamiento de personas menores de 18 años y la liberación inmediata de niños y niñas que estén en los grupos armados no estatales”, pide la ONU.
Por otro lado, Naciones Unidas pide garantizar los recursos necesarios y una adecuada articulación institucional para la implementación efectiva del sistema restaurativo de la JEP .
“Avanzar en los compromisos asumidos por el Gobierno hacia el campesinado que requieren una mayor coordinación de la estructura institucional tanto a nivel nacional como territorial, y que esta cuente con recursos suficientes y genere capacidad de respuesta técnica a las necesidades en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fortalecer, a través de la rápida implementación del Acuerdo de Escazú, la protección del medio ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, agrega el documento.
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