La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se refirió a las denuncias presentadas contra la magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Sandra Castro, por presunto acoso laboral.
Estas denuncias fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por tres funcionarias que trabajaron en el despacho de Castro o bajo su supervisión. Una de las denunciantes es una mujer indígena.
“Exigimos respeto para todas y cada una de nuestras mujeres indígenas, porque cuando una es segregada en su entorno laboral, nos discriminan a todas. Las mujeres indígenas contamos con la sabiduría heredada de nuestros ancestros, y muchas de nosotras hemos tenido la oportunidad de formarnos académicamente, lo que nos cualifica para desempeñar diversos cargos. No somos ‘incompetentes, incapaces ni brutas’, y nuestros conocimientos profesionales pueden incluso superar muchos de los perfiles en los que actualmente nos desempeñamos”, se lee en el comunicado de la ONIC.
En su denuncia, la mujer indígena cita un hecho en el que la magistrada Castro habría utilizado términos peyorativos para referirse a los integrantes de los pueblos étnicos, en un comentario dirigido a otra magistrada de la misma sala. La denunciante consideró relevante este incidente debido a su condición de mujer indígena.
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“Cabe resaltar que los comentarios de mis compañeros se intensificaron tras las afirmaciones de la magistrada Castro Ospina sobre mis ‘supuestas incompetencias’, comparándolas con las expresiones que, semanas antes, la magistrada presidenta, en el marco de una sesión, le había dirigido a la magistrada Heydi Patricia Baldosea Perea (Q.E.P.D.), mujer perteneciente al Pueblo Afrocolombiano. Según Castro, Baldosea Perea no tenía las competencias para ser la vicepresidenta de la JEP, y se refirió de manera peyorativa a los integrantes de los pueblos étnicos que trabajamos para esta Jurisdicción”, afirmó la denunciante.
En el documento se explica que esta situación le generó a la denunciante estrés, ansiedad y desmotivación en su trabajo. Incluso llegó a sentirse acorralada, lo que la llevó a considerar la posibilidad de quitarse la vida.
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Frente a estos hechos, la ONIC exigió que la magistrada Castro se disculpe con la denunciante.
“Exigimos a la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina, juez transicional que integra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, ofrecer disculpas públicas a la mujer indígena que trabajaba en su despacho y que fue víctima de violencia, discriminación, acoso verbal y maltrato laboral. Estos hechos constituyen una grave violación de sus derechos humanos y laborales, y son una muestra de la persistente discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diversos entornos laborales”, expresó la ONIC en su comunicado.
Asimismo, la ONIC hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz .
“Exigimos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) y al Comité de Convivencia Laboral de la Jurisdicción Especial para la Paz realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de estos hechos. También solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, con la cual tenemos un relacionamiento a través de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia y discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo la capacitación a todo el personal sobre temas de diversidad, equidad y no discriminación”, concluye el comunicado.
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