El presidente Barack Obama presentará este jueves los decretos para reformar el sistema migratorio estadounidense, un paso esperado por millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinoamericanos.
"Todo el mundo concuerda en que nuestro sistema migratorio ha fallado, desafortunadamente Washington permitió que el problema se prolongara durante demasiado tiempo", señaló el presidente en un video colgado en el sitio Facebook de la Casa Blanca.
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Obama no dio detalles, pero funcionarios han sugerido que la orden podría otorgar a los padres indocumentados de niños que sean ciudadanos estadounidenses o con permanencia legal (green card) papeles que les permitirían, de manera temporal, evitar ser deportados, así como trabajar y viajar legalmente.
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Esas medidas podrían beneficiar a unos 5,2 millones de los 11,2 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos -en su mayoría mexicanos-, según cálculos del centro de análisis Migration Policy Institute.
Según el secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, el presidente también decretará reformas a la seguridad fronteriza.
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"Lo que voy a exponer son las cosas que puedo hacer en el marco de mi autoridad como presidente, para que el sistema funcione mejor", dijo Obama.
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Al confirmar este miércoles su intención de actuar por su cuenta, Obama lanzó el guante a los opositores republicanos, que pronto amenazaron con demandarlo, paralizar sus nombramientos o librar agotadoras disputas por el presupuesto para impedir la puesta en práctica de los decretos que anunciará el jueves ante la inacción del Congreso en inmigración.
En junio de 2012, el mandatario puso en marcha un programa llamado DACA, que ofrecía permisos temporales de permanencia a jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país por sus padres, bautizados como "dreamers".
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Por esta vía, cerca de 600.000 inmigrantes ilegales recibieron un permiso de trabajo renovable por dos años al 30 de junio de 2014.
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Un proyecto de ley apadrinado por Obama y aprobado en junio pasado por el Senado -entonces controlado por los demócratas- contemplaba una vía a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, pero los republicanos, mayoría en la cámara baja, bloquearon toda votación en la cámara baja.
Desde entonces, el Senado cayó también en manos de los adversarios del presidente, que se oponen a dar "amnistía" a los indocumentados y rechazan cualquier intento de la Casa Blanca por esquivar el Congreso.
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"Si actúa con un decreto ejecutivo, el presidente Obama no estará actuando como presidente, sino como un monarca", escribió el senador republicano, Ted Cruz, uno de los más acérrimos críticos del gobierno en el Congreso, en un artículo.
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Los abogados de la Casa Blanca aseguran que Obama tiene facultades constitucionales para decretar las medidas y el vocero gubernamental, Josh Earnest, señaló que el caso no es escaso de precedentes.
"Presidentes desde Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan y los dos Bushes dictaron medidas", dijo, en referencia a anteriores enmiendas puntuales al sistema migratorio.
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La inminencia de las medidas fue recibida con un cauteloso optimismo por la comunidad de activistas pro-inmigrantes, huérfanos de una victoria desde la implementación de DACA en 2012.
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"Está bien por el presidente porque es el primer paso", dijo a la AFP Francisco Díaz, que junto a un puñado de madres de "dreamers" cumplía más de dos semanas en huelga de hambre frente a la Casa Blanca.
"Es el principio de una reforma migratoria", añadió este mexicano con 16 años en Estados Unidos y habitante de Florida (sureste), aunque el anuncio tenga un "sabor agridulce" por la sospecha de que las medidas no beneficiarán a todos los indocumentados.
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Muchos acudirán a eventos organizados en Washington, Chicago, Nueva York y otras ciudades para ver la alocución presidencial, prevista para las 20H00 (01H00 GMT del viernes) del jueves, y literalmente conocer qué futuro tendrán en Estados Unidos.
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Según un sondeo de NBC y Wall Street Journal publicado este miércoles, 48% de los estadounidenses desaprueba el manejo de Obama sobre el tema migratorio, frente a 38% que tiene opiniones favorables.
AFP.