"Nos dejaban con $30.000 al mes": soldados denuncian que militares les quitaban casi todo el sueldo

El pasado viernes, 18 de agosto, el juzgado promiscuo municipal de Calamar, Guaviare, dejó en libertad a 23 miembros del Ejército Nacional dentro del proceso que se adelanta por los presuntos delitos denunciados por soldados de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Dicho proceso nació a partir de una denuncia presentada por 18 soldados regulares del Ejército Nacional, radicada el 17 de agosto de 2022, cuando pusieron presente la supuesta comisión de varios delitos al interior del batallón de selva No. 24 'Luis Carlos Camacho Leiva' en cabeza de los superiores.

La denuncia puntualizó una posible corrupción que va desde eventuales irregularidades en los procesos de presunta incorporación de personal no existente y/o ficticio así como posibles escenarios de constreñimiento ilegal, falsedad y peculado por apropiación, que se dividen en dos grandes presuntos hechos graves: por un lado un presunto escándalo de corrupción de los soldados fantasma en el Ejército , y por otro lado, los soldados denuncian que miembros del ejército se habrían quedado con más del 80 % de su sueldo.

Los "soldados fantasma"

La investigación tiene que ver con las presuntas anomalías que se han presentado en el batallón de selva No. 24 'Luis Carlos Camacho Leiva', ubicado en el municipio de Calamar, Guaviare, donde diversos soldados denunciantes manifestaron que supuestamente al interior del contingente militar había siete soldados “fantasma” a los que se les pagaba nómina pese a que nunca hubo contacto visual ni se supo sobre su existencia.

Tal y como extrae la denuncia, por orden directa del capitán Álvaro Alexander Sánchez González, quien, al parecer, obligaba a los soldados a llenar las planillas de dineros, de alimentación y de actas de pagos de nómina, pese a que dichos soldados nunca estuvieron presentes en el batallón militar.

Por ejemplo, Cristian Felipe Ovalle Espinosa presentó acción de tutela contra el Ministerio de la Defensa Nacional, solicitando el restablecimiento de sus derechos porque sus datos personales habían sido suplantados haciéndolo figurar como soldado en servicio militar pese que ya había desertado con anterioridad, hecho que le quitaba el acceso a la educación superior en el Sena y la salud por estar vinculado a sanidad militar.

Soldados denuncian que militares del ejército les habrían quitado gran parte de su sueldo

Los presuntos actos de constreñimiento que denuncian los soldados hacen referencia a los descuentos irregulares que recurrentemente se les hacía a sus pagos mensuales de nómina, en los que, supuestamente, por instrucción del capitán Álvaro Alexander Sánchez González junto al sargento viceprimero Diego Carmona Castaño, quienes presuntamente ordenaban a los dragoneantes y cabos de la compañía recoger las tarjetas débito del Banco de Bogotá, pero con las respectivas claves personales de cada uno de los soldados para solicitarles diversos pagos.

Los denunciantes manifiestan que en una ocasión el teniente coronel Wilson Raúl Martínez Suárez y el mayor Cayetano Zeas Niño exigieron un pago de $1.200.000 por concepto de arreglo estructural de los baños de la compañía, material de intendencia, pasajes de ida y vuelta a sus lugares de domicilio, sastrería de uniformes camuflados, kits de aseo y hasta paquetes fotográficos que eran tomados con cámaras de teléfonos celulares, estos descuentos se hicieron sin justificación alguna y, según consta en la denuncia, se llevaron a cabo durante 3 a 4 meses, donde los soldaditos prácticamente no recibían sueldo, luego de todo lo que les descontaban.

Dentro de los hechos denunciados llama la atención lo sucedido en noviembre de 2021, después de la ceremonia de juramento de bandera en donde una vez aplicados los descuentos a los soldados solo les quedaron de 30.000 a 50.000 pesos para regresar a sus casas, pues de la bonificación de $1.200.000 pesos se procedían a realizar los siguientes descuentos: $200.000 por concepto de buzo táctico, $200.000 por silla táctica, $200.000 por cuota de computador, $25.000 por concepto de material de polígono, $50.000 por uniforme de deportes y $600.000 por pasajes de ida y regreso a sus lugares de origen para compartir con su familia.

Dentro de las pruebas en el proceso se encuentra un informe pericial de Policía Judicial, en el que se concluye que una vez realizado el balance de munición para los ejercicios de tiro del batallón de selva No. 24 'Luis Carlos Camacho Leiva', 15 personas no aportaron ningún documento en los que estos hayan estado en ejercicios de tiro, es decir, no se pudieron identificar 15 soldados dentro de los ejercicios de polígono, pero, sin embargo, si figuran 15 armas disparadas, es decir, en los ejercicios de polígono figuraban 15 personas realizando dichas operaciones de entrenamiento sin que aparecían los soportes de las respectivas planillas con lo que se podría evidenciar presuntamente las suplantaciones con el ánimo de hacer figurar dentro del contingente a los “soldados fantasma” que fueron denunciados en este proceso.

Pese a las denuncias de los 18 soldados y todo el material de prueba que reposa en la Fiscalía del cual, Blu Radio obtuvo acceso a la siguiente información: el pasado viernes,18 de agosto, el juzgado promiscuo municipal de Calamar, Guaviare, ordenó
medidas de aseguramiento no privativas de la libertad contra los militares involucrados, en la medida que la Fiscalía no habría demostrado la necesidad de imponer medidas privativas de la libertad, por ello, los militares investigados suscribieron acta de compromiso para no abandonar el país y sus lugares de residencia, es decir, el juicio continuará con los militares defendiéndose en libertad.

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