Según Sabogal, lo que conoce es que Rodrigo Torres compró una propiedad hace 10 años, pero “en cierta forma no tendría presentación que un funcionario que se dedica a la restitución de las tierras esté reclamando tierras”.
Sin embargo, dijo que debe ser un juez quien determine si hay algo ilegal en el proceso de restitución que está pidiendo el director de Restitución de Tierras de Córdoba.
Según la Procuraduría, en el proceso llama la atención que aunque Torres insiste en que no se trata de un proceso de restitución sino de pertenencia, en el fondo se trataría de un eufemismo, pues en las solicitudes tramitadas por Rodrigo Torres, parcialmente avaladas por el Ministerio Público, se da cuenta de que el proceso debe ser competencia de la Unidad de Restitución, donde tendría un amplio margen de maniobra al ser el segundo funcionario en importancia en este tema.
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