No hay evidencia sobre efectos positivos en incautación de dosis mínima: A. Gaviria

El presidente Iván Duque dijo hace algunos días que las autoridades del país van a confiscar cualquier dosis de droga que encuentren en las ciudades y regiones. Esto a pesar de la jurisprudencia sobre la dosis mínima que ha precisado la Corte Constitucional. Pero para el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, no hay ninguna evidencia de que la confiscación de la droga reduzca la problemática clave: la violencia, la delincuencia o el consumo.

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“Las políticas de prevención de consumo de drogas más costo efectivas apuntan simultáneamente a reducir el consumo de alcohol y tabaco, el pandillismo y otras conductas similares. Incautar la dosis mínima puede tener tal vez algún efecto simbólico, pero no va a cambiar comportamientos y no va a reducir el problema”, explicó Gaviria.

Y es que el debate sobre la prohibición de las drogas viene dándose desde hace años a nivel mundial. De hecho, el expresidente Santos dijo en uno de sus discursos ante la ONU que la comunidad internacional debía dar un debate sobre la ineficiencia de los modelos de lucha contra las drogas que se han utilizado hasta el momento. Esto es prohibición.

En varios estados de Estados Unidos se legalizó la producción, venta y consumo de la marihuana con uso recreativo. Lo propio hizo Canadá hace solo algunos meses. Pero el presidente Duque prometió desde la campaña que tenía intenciones de prohibir la dosis mínima porque los vendedores de droga estaban afectando los entornos escolares y utilizando los parques para propagar la delincuencia.

Gaviria agregó que hasta ahora no existe ninguna evidencia científica sobre el efecto disuasivo de las incautaciones planteadas. No se conocen detalles de la iniciativa del Gobierno y el actual ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, tampoco se ha pronunciado.

Cabe recordar que una de las conclusiones del cuarto punto del acuerdo final con las Farc fue precisamente el enfoque de salud pública para el problema de las drogas y el narcotráfico y no la criminalización de los consumidores.