El caso se originó a raíz de declaraciones del presidente Gustavo Petro durante la posesión de la defensora del pueblo, el 30 de agosto de 2024, donde afirmó que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.
La frase desató una fuerte reacción en el gremio periodístico y en la opinión pública, con denuncias de violencia digital y ataques en redes sociales contra varias comunicadoras.
Las periodistas accionantes argumentaron que las palabras del presidente fomentaron un ambiente de hostilidad y deslegitimación hacia su labor, lo que atentaba contra su derecho a la libertad de prensa, la igualdad y una vida libre de violencia.
En su tutela, solicitaban que el mandatario se retractara públicamente y se comprometiera a no utilizar expresiones discriminatorias en el futuro.
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Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la declaración debía interpretarse en su contexto, señalando que el presidente posteriormente aclaró en la red social X (que “las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo”.
El fallo también señala que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para este tipo de reclamaciones y que la expresión del presidente no constituía una vulneración directa a los derechos fundamentales de las periodistas demandantes.
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