Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, falleció este lunes 2 de septiembre, dejando tras de sí una carrera marcada por controversias, especialmente el escándalo de corrupción conocido como el caso Vitalogic, que lo acercó peligrosamente a la cárcel.
El caso Vitalogic, uno de los episodios más notorios de corrupción en Bucaramanga, involucró a Hernández en un contrato de asesoría valorado en 344 millones de pesos. Según la Fiscalía, Hernández habría favorecido a la empresa Vitalogic RSU, presuntamente para beneficiar a su hijo, Luis Carlos Hernández Oliveros. Este contrato, identificado como el número 096 de 2016, surgió de una reunión secreta en la residencia del entonces alcalde, donde se discutieron detalles clave de la licitación.
La reunión, celebrada entre junio y julio de 2016, contó con la participación de José Manuel Barrera, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), y Jorge Hernán Alarcón, ingeniero químico encargado de redactar los pliegos de licitación. Hernández justificó la presencia de Alarcón en su hogar alegando que "quería ahorrarle el hotel", pero esta explicación no fue suficiente para desviar las sospechas de manipulación del proceso.
El escándalo cobró mayor relevancia cuando Blu Radio reveló detalles aportados por Luis Andelfo Trujillo, un testigo clave que implicó a Luis Carlos Hernández en la recepción de una comisión ilegal de 666.000 dólares. Según Trujillo, la comisión estaba dividida en tres partes correspondientes a tres plantas propuestas en el contrato, cada una con un pago de 660.000 dólares.
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Las investigaciones de la Procuraduría encontraron pruebas suficientes para acusar a Rodolfo Hernández de prácticas corruptas, calificadas como una falta gravísima por interés indebido en la celebración de contratos. Se le acusó de haber tenido contacto directo con representantes de la tecnología a implementar, lo que les otorgaba una ventaja indebida sobre otros competidores.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue la presión que Hernández ejerció sobre el director jurídico de la EMAB para "omitir las reglas de contratación", un acto que evidencia un intento deliberado de manipular los procesos administrativos en beneficio propio y de su familia. Su hijo, Luis Carlos, alegó haber sido engañado, postura que su padre respaldó, aunque sin lograr convencer a las autoridades.
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La situación legal de Rodolfo Hernández se complicó con la posibilidad de enfrentarse a prisión. La decisión sobre si cumpliría su condena en prisión o bajo arresto domiciliario, debido a su estado de salud, estaba programada para el 13 de junio. Este caso subraya la necesidad de transparencia y ética en el ejercicio de funciones públicas.
El escándalo Vitalogic ha dejado una mancha en la carrera de Rodolfo Hernández, quien justificó su comportamiento diciendo que "quería ahorrarle el hotel" a Alarcón, un argumento que no ha sido suficiente para exonerarlo. Este episodio continúa siendo un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrentan las instituciones colombianas en su lucha contra la corrupción, y su desenlace podría tener profundas implicaciones en la percepción pública de la integridad de los funcionarios en Bucaramanga.
Más escándalos:
Rodolfo Hernández debió pagar 41 millones por insultar al exalcalde de Floridablanca Héctor Mantilla
En diciembre pasado una nueva sanción de la Procuraduría se conoció en contra del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández , por insultos y ofensas contra el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.
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La sanción correspondió a tres meses de suspensión que para este caso se convertirán en una multa que asciende a $41 millones porque ya está fuera del cargo.
El 28 de noviembre de 2018, cuando Hernández, siendo alcalde de Bucaramanga, agredió físicamente al concejal John Claro. Este hecho, captado en video, le valió una sanción de ocho meses y una multa de más de $124 millones.
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Otro caso está relacionado con insultos dirigidos al veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas. El 26 de octubre de 2018, en el parque Solón Wilches de Bucaramanga, Hernández llamó a Martínez "lavaperros de la política, de los ladrones que se robaron a Bucaramanga". Por este episodio, fue sancionado en agosto de 2023 con cuatro meses de inhabilidad y una multa de $62 millones.
Y una tercera sanción se refiere al ingeniero Wilson Motta, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura que supervisaba contratos. Hernández amenazó con despedir a Motta por presuntas prácticas corruptas, pero al no poder probar sus acusaciones, fue acusado de acoso laboral. En marzo de 2019, recibió una suspensión de dos meses por este caso.
Durante su administración, Bucaramanga recibió una gran afluencia de migrantes venezolanos debido a la crisis económica y social en el país vecino, ahí estuvo centrada su primera polémica por un discurso que muchos catalogaron de xenófobo.
Sus comentarios, a inicios del año 2019, sobre la situación migratoria, donde afirmaba que Bucaramanga se estaba convirtiendo en una "fábrica de hacer chinos pobres" debido al número creciente de partos de mujeres venezolanas, desató una ola de críticas. Su afirmación no solo minimizó la difícil situación de los migrantes, sino que también estigmatizó a una población vulnerable. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos criticaron su falta de sensibilidad y lo acusaron de alimentar la xenofobia en la región.
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En marzo de 2019, Hernández arremetió contra el cuerpo de bomberos de Bucaramanga, refiriéndose a ellos como “gordos y barrigones” y cuestionando su capacidad para cumplir con sus labores. Estas declaraciones, realizadas en una transmisión en vivo, provocaron una reacción adversa en la comunidad y en los mismos bomberos, quienes se sintieron profundamente ofendidos.
Uno de los bomberos afectados, junto con su hija, sufrió daños psicológicos debido al hostigamiento y las burlas que surgieron tras los comentarios de Hernández. En noviembre de 2022, un juez de Bucaramanga ordenó a la alcaldía pagar una indemnización de $45 millones al bombero y su hija. Además, se estableció que el exalcalde debía asumir personalmente esta compensación, lo que significó un revés legal y financiero significativo para él.
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En agosto de 2019, Hernández se vio nuevamente en medio de la polémica, esta vez por sus comentarios despectivos hacia las mujeres de Puerto Wilches, municipio de Santander. En un ataque verbal hacia su contrincante político, Sergio Isnardo Muñoz, lo comparó con “una prostituta de Puerto Wilches”, sugiriendo que carecía de principios políticos y se vendía al mejor postor.
Esta declaración generó un rechazo masivo, no solo en Puerto Wilches, sino en todo el departamento de Santander. Las mujeres del municipio, apoyadas por organizaciones locales, interpusieron una denuncia formal ante la Procuraduría, argumentando que Hernández había ofendido gravemente la dignidad de todas las mujeres del municipio, perpetuando estereotipos negativos.
En el año de 2023 la Procuraduría ratificó, en segunda instancia, la sanción contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por tratar mal a un veedor ciudadano en medio de una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en Bucaramanga, Santander.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2018, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga llamó “lavaperros” al veedor Fernando Martínez Arenas, quien le reclamó por la poda de árboles y otras intervenciones en el espacio público.
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