El Ministerio del Trabajo le abrió una investigación a Rappi Colombia S.A.S porque, presuntamente, se negó a negociar con el sindicato de repartidores Unidapp.
Unidapp, que agremia a los rappitenderos que han salido a marchar en varias oportunidades, interpuso la querella a mediados de septiembre.
Para el Gobierno, este caso es tan importante que asignó la querella a un grupo de investigaciones especiales, con cual no tendrá que esperar ‘la fila’ de procesos represados en la entidad.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Trabajo, Edwin Palma: "Estamos tan acostumbrados a que los asuntos del trabajo estaban desatendidos por el Estado que sólo ABRIR una investigación es una noticia nacional e internacional. Informamos que hemos abierto una contra @RappiColombia , por PRESUNTA negativa a negociar"
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Así lo anunció el viceministro en su cuenta de Twitter:
Estamos tan acostumbrados a que los asuntos del trabajo estaban desatendidos por el Estado que sólo ABRIR una investigación es una noticia nacional e internacional. Informamos que hemos abierto una contra @RappiColombia, por PRESUNTA negativa a negociar. pic.twitter.com/GHBwfOBkZX
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) November 17, 2022
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Sindicalizados
Madre de dos hijos, Luz Miryam atiende en las mañanas un negocio familiar de abarrotes y en las tardes se ocupa con Rappi. La inseguridad y los accidentes de tránsito son sus principales enemigos.
Su moto derrapó una vez bajo la lluvia y cayó al suelo. "Casi no me puedo parar. Duré como ocho días que no pude trabajar", recuerda.
La compañía no cubre gastos médicos ni las incapacidades de los repartidores que se accidentan en el trabajo señalan "rappitenderos".
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Pero la empresa indica que ofrece beneficios para quienes se conecten a la aplicación, como un seguro de accidentes personales que los cubre durante cada orden en curso y hasta 30 minutos después de finalizada la misma.
La UNIDAPP busca mejores pagos para los "rappitenderos" e intercede cuando son vetados por la aplicación, una sanción habitual para quienes se rehúsan a tomar pedidos.
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El parlamentario liberal Mauricio Gómez Amín prepara un proyecto de ley para "regular no solo a Rappi sino a todas las plataformas digitales (...) para que no abusen de sus empleados".
Los repartidores "no tienen derechos laborales, y Rappi no les reconoce sus derechos (…) No cotizan pensión, no les pagan sus riesgos laborales", denunció Gómez en Semana TV.
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