La defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla , le pidió a la Fiscalía que recaude pruebas y haga entrevistas en la cartera que permitan esclarecer según sus abogados que no hubo irregularidades en los contratos de Bolívar, Córdoba y Arauca donde fue salpicado Bonilla por el exdirector de la UNGRD Olmedo López en la declaración que dio a la Corte Suprema de Justicia. “Desde 2021 estaban asignados los recursos para hacer frente al fenómeno de la niña y evitar inundaciones”, dijo el abogado Javier Torres.
El abogado Javier Torres radicó un memorial donde señala que no hubo ningún delito en la gestión de tres proyectos para Cotorra, El Salado y Saravena. Explica el documento que desde 2021 estaban asignados los recursos para hacer frente al fenómeno de La Niña y evitar inundaciones y que el ministro y su despacho se limitaron, dentro de sus funciones legales, a realizar seguimiento a dichos recursos.
En el memorial, Torres solicita a la Fiscalía que, en aplicación del principio de objetividad, el ente acusador verifique, por su propia cuenta, que no hay mérito para accionar el aparato judicial contra el ministro. El defensor destaca que todas las reuniones, interés en los proyectos y seguimiento de los recursos se hicieron para atender reclamos de las comunidades formulados a través de los congresistas de la región.
Aseguró a la Fiscalía que toda la gestión oficial del ministro fue en beneficio de las comunidades y no en beneficio propio. El memorial pide que la Fiscalía entreviste a la secretaria general del Ministerio, se anexen documentos sobre adiciones presupuestales y los proyectos cuestionados, entre otros, para verificar y concluir que no hay mérito para investigar penalmente al ministro.
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En el escrito se destaca que Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesos corruptos de la UNGRD, han usado contextos engañosos y han recurrido a un litigio mediatico para lograr beneficios penales.
En chats del exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla, publicados por Noticias Caracol, se muestra cómo, supuestamente, Bonilla coordinaba la entrega de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
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Según el informe del noticiero, todo comenzó el 11 de diciembre pasado, cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos a la UNGRD.
Luego, esta unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos para obras en los municipios caribeños de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena, localidad fronteriza con Venezuela.
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