El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció el pasado 28 de noviembre por presunta injerencia de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en hidroeléctrica de Urrá, así lo reveló en Mañanas Blu, el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina.
Esto, sobre lo sobre los presuntos actos de corrupción que vienen ocurriendo en la empresa Urrá S.A, que maneja y comercializa la energía producida por la central hidroeléctrica Urrá 1, ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba y cuya mayoría accionaria es de la Nación.
Inicialmente, el ministro amplía la denuncia del 27 de septiembre, hecha por una ciudadana que pide mantener la reserva de su identidad, quien dice que hay posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A.
De acuerdo con esa denuncia, funcionarios y contratistas externos como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica” lo que “favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.
Un punto crítico en la denuncia es la presunta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de Urra, en un aparente esfuerzo por tomar control de la empresa y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, específicamente en relación al Parque Solar Urra 19.9, cuya construcción ha enfrentado un retraso de dos años y medio.
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Adicionalmente, refiere que la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S en el consorcio Lux Power 2022, ha sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético. Estas adjudicaciones, según el denunciante, deben ser objeto de revisión debido a los vínculos cercanos entre los principales actores mencionados y su influencia en la administración de Urrá S.A. E.S.P.
El denunciante indica que estas presiones han sido rechazadas por la administración de Urrá, sin embargo, continúan siendo ejercidas desde la junta directiva de la empresa.
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Además, se menciona una reclamación por parte del consorcio Lux Power 2022 por un monto de 60.000 millones de pesos, la cual ha sido resistida por la administración de Urrá.
El contexto
El 16 de abril de este año, el consorcio LuxPower 2022 envió una carta a Eduardo Díaz, presidente encargado de Urrá S.A, en la que ponen de presente “numerosos incidentes delictivos que han tenido impacto significativo” en sus operaciones, así como en la seguridad y estabilidad del parque solar Urrá 19,9. En donde detallan la pérdida de materiales en varias oportunidades y un “incendio intencional en cercanías de la infraestructura del parque solar.
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En ese mismo documento, lamentan que no han recibido colaboración de Urrá, dicen que ponen en riesgo la integridad de sus operaciones y la seguridad de su personal y piden intervención del Ejército para garantizar la seguridad de las operaciones
Tres días después, Urrá les responde recordándoles que según el contrato, “el contratista es el único responsable de la seguridad y protección de su personal, terceros, el publico en general, y deberá con recursos propios, tomar todas las medidas de protección necesarias”.
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El 23 de abril, Urrá envía otra carta al Consorcio Lux Power 2022 en donde le advierte que la finalización de la fase 1 del proyecto está acordada para el 30 de abril de 2024 y le advierten que tras revisar informes e inspecciones recientes, “constatamos un significativo retraso en la fase I con solo 7 días restantes para la fecha límite”.
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Solicitan urgentemente un plan de mitigación que garantice la finalización de la fase 1 a tiempo o de lo contrario, de no cumplir el plazo, se considerará un incumplimiento grave que podría resultar en la terminación del contrato, penalidades contractuales por parte de Urrá, activación de garantías y reclamación de perjuicios.
El 24 de abril, el consorcio Lux Power 2022 responde y dice que los retrasos no son imputables al consorcio y “sobre los cuales nos reservamos el derecho de defensa ante cualquier instancia judicial o extrajudicial”.
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Exponen seis puntos, entre ellos uno que señala que “sin la celda de 34.5 Kv energizada, resulta imposible llevar a cabo las pruebas necesarias en el parque solar. La energización de la celda de 34.5 Kv es un paso fundamental que precede a cualquier fase de prueba y comprobación en el parque solar”.
Hay que decir que Ricardo Roa, se ha defendido frente a varias acusaciones realizadas sobre el proceso de contratación, supuesta injerencia de su pareja en toma de decisiones administrativas, también en Ecopetrol, entidad que dirige.
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