El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla confirmó que su renuncia a la cartera fue un proceso concertado con el presidente Gustavo Petro con el que estuvo reunido hasta altas horas de la noche de este martes en San Andrés.
“El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada. (...) Nunca me atornillé al cargo, y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio”, dijo Bonilla.
El exministro insistió en que no cometió ningún delito, que no compró congresistas ni silencios y que continuará con su defensa apoyado en el equipo jurídico.
“Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni grupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública”, dijo Bonilla.
A propósito, su abogado Mauricio Pava señaló que el exministro siempre actuó de manera legal y así lo demuestran las pruebas que han entregado a las instancias judiciales.
"El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública", puntualizó Pava.
El saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contó que su renuncia fue concertada con el presidente Gustavo Petro ayer en San Andrés. "El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia siempre estuvo sobre la mesa,… pic.twitter.com/EeossUFqOv
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 4, 2024
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Esta declaración se suma a la carta con la que Bonilla oficializó su renuncia tras la petición que, a través de redes, hizo el presidente Gustavo Petro.
La salida de Bonilla, que para varios sectores supone un golpe para los proyectos que buscan reactivar la economía en el país, se dio tras varios señalamientos de la exasesora del Ministerio de Hacienda de que él sí sabía de las gestiones para direccionar contratos de la UNGRD y favorecer a congresistas que luego avalarían créditos para el Estado.
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