Masacre de La Rochela: 25 años de impunidad y siguen amenazas a víctimas

Este 18 de enero se cumplen 25 años de la masacre de La Rochela, en la que 12 funcionarios judiciales fueron acribillados en una orquesta integrada por ganaderos, militares y narcotraficantes.

Iván Orozco, relator del Centro de Memoria Histórica, revive lo ocurrido aquella mañana del 18 de enero de 1989, cuando 12 integrantes de una comisión judicial que indagaba la matanza de 19 comerciantes de Simacota, Santander, fueron masacrados.

La masacre significó la cristalización del primer modelo paramilitar del país, en el Magdalena Medio, en una alianza entre ganaderos de la región acosados por la guerrilla con miembros del Ejército, narcotraficantes y políticos. “Como el Ejército no podía actuar de forma directa, lo hacía a través de grupos de autodefensa gestados en su apoyo”, asegura Orozco.

La comisión judicial de 15 funcionarios llegó a la región atendiendo denuncias sobre desapariciones de campesinos en el Magdalena Medio. Eran 13 miembros de la Policía Judicial de la época y dos jueces de instrucción que se desplazaron hasta el lugar en dos camperos buscando información.

El grupo debió presentarse en la inspección de La Rochela, donde fue recibido por paramilitares que se hicieron pasar por guerrilleros. A punta de engaños, los amarraron, los subieron a los vehículos y los masacraron. Gracias a que tres personas sobrevivieron se logró saber la verdad.

Luis Orlando Hernandez fue uno de los investigadores judiciales que cayó víctima de la masacre. Su hijo, Daniel, siguió sus pasos profesionales y asegura que espera llegar a ser la mitad de hombre de lo fue su padre, tal como lo recuerda. “Siempre me dijo que lo más importante era la honestidad”, declara en El Radar.

Según Daniel, la masacre era una muerte anunciada y tal como comprobó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado mató a sus propios funcionarios a través de grupos armados encabezados por alias ‘El Negro Vladimir’. 

Daniel Hernández denunció en El Radar que la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de recibir amenazas en su casa recientemente.

Sin embargo, y a pesar de la presión del gobierno de la época, una cadena de obstáculos promovida por la Policía y el Ejército siguen ocultando a los verdaderos responsables 25 años después.