La crisis humanitaria que se presenta en el departamento de Nariño deja como saldo , hasta la fecha, 18.673 personas desplazadas, 44 víctimas de minas antipersonal, entre ellas 3 que perdieron la vida, y al menos 268 homicidios en hechos aislados desde el mes de enero al 28 de agosto del 2023.
El informe fue presentado por el secretario de gobierno de Nariño, José Obregón, quien aseguró que en esta misma fecha han sido asesinados 9 líderes sociales.
El funcionario dijo a Blu radio que esta crisis humanitaria “obedece a la confrontación por el control territorial de la región”, y se agrava “por la intensificación de los combates”, especialmente, en zona rural de los municipios de Samaniego, La Llanada, Barbacoas, Los Andes Sotomayor, Cumbitara, Policarpa, Ricaurte, Magui Payan, Roberto Payan, Tumaco, Olaya Herrera, Iscaunde y el Charco entre otras poblaciones nariñenses.
Obregón insistió que las 7.524 familias, en su mayoría, son comunidades indígenas Awa, afrodescendientes y campesinos que tuvieron que dejar todo para poner a salvo sus vidas entre quienes se encuentran menores de edad, mujeres cabeza de familia y personas de la tercera edad.
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Las comunidades quieren regresar a sus territorios, pero advierten que hay mucho temor de caer en los campos minados y piden un desminado humanitario para evitar nuevas tragedias en la zona, precisó Obregón.
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Es muy preocupante lo que están viviendo las comunidades desplazadas por la fuerza, debido a persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos y acontecimientos que alteraron gravemente el orden público en zonas como La Cordillera, Suroccdidente, Piedemonte Costero y el Pacífico nariñense, dijo Obregón.
También advirtió el titular de la secretaria de gobierno de Nariño, que el más reciente asesinato del líder John Kevin Guanga Pai fue “la gota que reboso el vaso”, ya que el cuerpo sin vida del representante de la Asociación de Acuicultores de la Guayacana fue abandonado en un paraje solitario de la carretera hacia Tumaco.
A Guanga Pai lo sacaron de su casa hombres fuertemente armados el pasado 24 de agosto y solo hasta este miércoles se conoció de su asesinato.
Para Obregón, esta situación pone a Nariño en los primeros lugares de las zonas donde se han incrementado las necesidades humanitarias por culpa de la prolongación del conflicto que sigue desplazando a miles de personas sin que, hasta el momento, se haya logrado convencer a los grupos armados ilegales que cesen la violencia contra la población civil.
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Como si esto fuera poco, el confinamiento de miles de familias es otro de los fenómenos que tiene a la comunidad en grave riesgo de una hambruna, porque no dejan pasar alimentos ni medicamentos, especialmente, en la zona rural de los municipios de La Llanada, Samaniego y Ricaurte.
“Es necesario que el Gobierno Nacional, través del alto comisionado para la paz, ponga en marcha estratégicas reales que permitan a estas comunidades regresar a sus veredas y corregimientos con plenas garantías de no repetición”, aseguró Obregón.
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Autoridades indígenas de la comunidad Awa, llamaron la atención del Gobierno Nacional para que preste una mayor atención, debido al incremento de los combates que pone en riesgo la vida e integridad de las comunidades Awá que habitan en los resguardos de Magui-Chimbuza y Las Vegas, donde las habitantes denunciaron riesgo inminente por enfrentamientos, confinamientos, desplazamiento y amenazas contra los lideres indígenas.
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