Aunque pareciera que la nueva urgencia manifiesta declarada por la Cancillería para firmar un nuevo contrato con la firma Thomas Greg and Sons sería la solución para la fabricación de visas y pasaportes, todo parece indicar que las cosas no están tan fáciles.
Funcionario de Cancillería que se comunicaron con Blu Radio nos muestran documentos de SECOP que dan cuenta de sobrecostos en las dos declaratorias.
La licitación declarada desierta, con demanda de Thomás Greg era por 36 meses (3 años). Los precios eran fijo unitario sin fórmula de reajuste y su valor era de $599.651'582.571 pesos.
Eso significa que mensualmente los colombianos pagaríamos un valor mensual de $16.656'988.404 pesos.
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El contrato de urgencia firmado por el entonces ministro Álvaro Leyva por 12 meses fue por $ 198.894'259.597 pesos, o sea mensualmente $16.574'521.633 pesos.
El contrato que acaba de firmar el ministro Luis Gilberto Murillo es por $206.878'840.200 pesos para 11 meses, eso significa que mensualmente se pagarán $18.807.167.290 pesos, que es superior en más de 2.300 millones de pesos mensuales, más el valor de la formalización de los pasaportes contemplada en la licitación, pero que no aparece incluida en éste último contrato y cuyo valor mensual es de $419'691.743 pesos.
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Esto quiere decir que el sobre costo es cercano a los de 2 mil 800 millones de pesos mensuales. En los 11 meses del contrato el sobrecosto supera los 30 mil millones de pesos.
Y como si esto fuera poco, el Ministerio propone incorporar 80 contratistas para atender labores que en la licitación debía cumplir quien ganara la licitación. Sobre ese rubro no ha hablado Cancillería y se suman al detrimento patrimonial que ha sufrido todo este proceso.
Todo lo anterior sumado a los costos del Convenio con Portugal anunciado por el Ministro y que el gobierno de Portugal hoy, no conoce.
La demanda
En toda esta novela jurídica de una licitación declarada de cierta y otra suspendida, todavía no es claro con lo que sucederá con la demanda de Tomás Greg, que por ahora pide 117.000 millones de pesos como indemnización, por no habérsele adjudicado el contrato que ganó en la Licitación donde fue habilitada.
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