Este viernes, el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, entregó al presidente Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a la Comisión de la Verdad, el informe de lo que, a su juicio, padecieron los miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado.
“La verdad de que han sido los grupos armados organizados, como lo fueron las Farc, los protagonistas de la barbarie y de la sistematicidad de los crímenes de guerra en contra de la población civil, pero también en contra de la fuerza pública. Son ellos los verdaderos victimarios de Colombia, esa es una realidad que el país debe conocer y entender que falta por contar”, manifestó Molano.
El ministro agregó, “el aporte que queremos hacer a la verdad, para que los reflectores estén dónde deben estar. Nos preocupa que después de cinco años del acuerdo de La Habana, y faltando diez años de su implementación, los reflectores estén dirigiendo hacia la fuerza pública y no a los verdaderos victimarios”.
A su vez, el presidente Iván Duque, como lo anticipó BLU Radio, pidió al tribunal de paz investigar los presuntos crímenes cometidos por las Farc contra más 400.000 militares y policías durante el conflicto armado.
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El mandatario planteó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "abrir un macrocaso (de investigación) por todos los crímenes de guerra y contrarios al derecho internacional humanitario que las Farc propiciaron a los miembros de la fuerza pública".
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"Más de 403.000 hombres de las fuerzas que le han servido a la patria han sido víctimas de esa crueldad", agregó Duque.
La JEP investiga los peores crímenes cometidos en más de medio siglo de conflicto armado por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado; y dispone penas alternativas a la prisión para aquellos que confiesen la verdad y reparen a los afectados.
“Es evidente que a este dolor queremos respuesta los colombianos. Con el respeto que nos merece la independencia de las instituciones, queremos pedirle que se pueda abrir un macro caso por todos los crimines de guerra que las Farc propiciaron a los miembros de la fuerza pública. También un llamado a que los victimarios reparen de manera, material, económica y moral", indicó el jefe de Estado.
En el informe de 750 páginas, el Ministerio de Defensa consignó lo que fue el conflicto armado para los miembros de la fuerza pública, cifras sobre secuestro, masacres, desaparición forzada, diferentes formas de violencia y patrones de sistematicidad que, a consideración de la fuerza pública, padecieron directa e indirectamente por cuenta del conflicto que han dejado las diferentes guerrillas.
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El informe señala que, del total de secuestrados en Colombia, alrededor de 1.643 fueron miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
Las retenciones ocurrieron entre 1990 y 2002, siendo 1998 uno de los años en el que más se escaló este delito.
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El documento que ahora reposa en los despachos del magistrado de la JEP, Eduardo Cifuentes, y Francisco De Roux en cabeza de la Comisión de la Verdad, da cuenta que los secuestros se concentraron en Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare.
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