un parafiscal, el que fije las tarifas.
Según el demandante, Camilo Araque, el artículo 334 de la Constitución afirma que son los órganos de representación popular los encargados de estas decisiones y no el Ministerio de Minas y Energía.
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La Corte aclaró que el precio establecido por el Congreso debe estar ligado al precio internacional del barril del petróleo y al fondo de estabilización.
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