Fue el primero de noviembre del año 2012, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento en contra el exsenador Álvaro García Romero en un proceso por desplazamiento forzado, asimismo, en julio de 2018 con la creación de las salas especiales de la Corte el caso pasó a la Sala de Primera instancia y en concreto al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas.
El excongresista que en febrero del año 2010 fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y homicidio simple todo esto por los hechos de la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000, obtuvo el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado por el juez 22 de ejecución de penas de Bogotá, sin embargo, fue puesto a disposición del despacho del magistrado quien emitió la correspondiente boleta de detención.
En este caso, la decisión se tomó porque el exsenador cumplió 25 años y 3 meses de detención, pero, en la decisión del juzgado 22 también se ordenó el pago de una caución de diez salarios mínimos legales vigente, cuyo trámite deberá hacerse efectivo ante las autoridades carcelarias.
Así las cosas, hasta que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión sobre una petición de libertad condicional que pidió el abogado defensor de García, en el proceso que se adelanta en su contra, él deberá seguir recluido en la cárcel La Picota.
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