La pandemia obligó a sofisticar muy rápido la capacidad de obtener información y transferir recursos para atender la abrupta caída de ingresos que vinieron con los cierres. Para lograrlo, el gobierno de Iván Duque se apoyó en la red y capacidad tecnológica de muchos operadores privados.
Pero llegó la exdirectora del DPS Cielo Rusinque y le dio un cambio radical al esquema operativo que estaba dispersando las transferencias monetarias que reciben millones de colombianos. Centralizó la operación en el Banco Agrario con un contrato de $54.000 millones que termina el 31 de diciembre del 2023.
La abogada Rusinque duro poco más de un año en el cargo. Laura Sarabia la reemplazó el 4 de septiembre y se encontró con varios problemas operativos en el nuevo sistema. Su decisión ha sido dar un timonazo para que el Gobierno vuelva a apoyarse en operadores privados para que participen en la dispersión de otros programas de transferencias a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente.
La directora Sarabia se ha reunido en las últimas semanas con dueños y directivos de varias fintech y bancos para estructurar la nueva política de transferencias.
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La gran pregunta es qué pasará cuando termine el gran contrato del Banco Agrario de $54.000 millones que se encarga de operar Renta Ciudadana. Se sabe que Laura Sarabia encontró problemas y está viendo como dispersar los subsidios para el 2024.
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