A través de una extensa providencia de 284 páginas, la Sala de Reconocimiento de la JEP le imputó cargos de desaparición forzada y homicidio en persona protegida a un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil por los llamados falsos positivos que ocurrieron en Norte de Santander entre 2007 y 2008.
La imputación de cargos afecta al Brigadier General Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30 del Ejército; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez; los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.
A su vez va contra el capitán Daladier Rivera Jácome y los suboficiales Rafael Antonio Urbano Muñoz, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y al civil Alexánder Carretero Díaz, quien trabajó como reclutador de personas para ejecutar los llamados falsos positivos.
De acuerdo con la evaluación, los hechos más graves ocurrieron entre 2007 y 2008, para ese entonces, los militares constituyeron una organización criminal encargada de pagar irregularmente recompensas y de asesinar civiles ajenos al conflicto, con el fin de presentarlos como bajas en combate.
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“A mí no me sirven capturas, sino las muertes en combate”
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Con la consigna “Yo necesito muertes en combate, a mí no me sirven las capturas”, la JEP reveló que el general Mario Montoya fue un factor fundamental para presionar a sus subalternos, entre los cuales estaba el alto mando de la Brigada 30 en cabeza del general retirado Paulino Coronado
En la resolución de imputación, la JEP asegura que, esta exigencia de resultados a los miembros de la Brigada Móvil 15 venía acompañada de la expresión “a como diera lugar” o “como fuera”, así expresada, por el entonces comandante del Ejército Nacional y después replicada por el comandante de la brigada y por el mismo jefe de operaciones
La JEP también cuestionó el manejo irregular de dineros como pago de recompensas a informantes que no existieron.
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“La Sala encuentra también que, a pesar de conocer dicha situación, en su rol como segundo comandante, el coronel Rubén Darío Castro firmó actas de pago de recompensas, con lo cual se “legalizó” el pago a María Eugenia Ballena por haber dado información falsa respecto de dos personas.
La Sala de Reconocimiento de la JEP documentó que el 57% (69) de los asesinatos (y el caso de intento de asesinato) ocurrieron en el año 2007 y los municipios que mayor número de víctimas presentan para ese año son Ocaña, El Carmen, Ábrego y Teorama.
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En el año 2008 se concentraron el 43 % (51) de las víctimas directas registradas, siendo Ocaña el municipio más afectado.
El 63% (76) de los hechos fueron cometidos por miembros de la Brigada Móvil 15 y el 37% (44) por miembros del Batallón de Infantería Santander.
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