Las razones de la Corte Suprema para enviar a Fiscalía el caso falsos testigos de Uribe

BLU Radio tuvo acceso al documento de más de 64 páginas en poder de la Corte Suprema de Justicia con el cual se sustenta la decisión de enviar la investigación por presunta manipulación de testigos que involucra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a manos de la Fiscalía General de la nación.

El documento tiene la firma de los cinco magistrados de la Sala de Instrucción que participaron de la deliberación. Citan en primer lugar que la defensa de Uribe, en cabeza del abogado Jaime Granados, pidió que el caso pasara a la Fiscalía, entre otras cosas, porque las conductas investigadas nada tienen que ver con su función parlamentaria.

“Asevera seguidamente que las conductas por las que se investiga no tienen relación con las funciones por él desempeñadas como senador de la República”, dice la corte, que, además, agrega: “una de las tesis de la defensa de Uribe es que los hechos que son materia investigación se ubican en el año 2017 en lo que respecta a Carlos Enrique Vélez y el 2018 los demás eventos, luego ninguna conexión lógico temporal y mucho menos funcional puede construirse a partir de un debate de control político que no promovió su representado, sino que había ocurrido cuatro años atrás”.

La corte también señala los aportes de la parte civil, es decir de Iván Cepeda, quien advierte: “el senador no solo acudió un abogado que actúa la sombra, es decir, Diego Cadena para sobornar testigo, sino que acudió incluso otro congresista, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada para que a través de un tercero alias ‘Caliche’ se obtuviera la carta justo en las vísperas del vencimiento de términos para presentar un recurso de reposición contra una decisión que ordenó compulsa de copias”.

Señala que el día del debate, al que citó Iván Cepeda, se anunció su retiro del recinto del Congreso para ir a poner en conocimiento de la corte dos declaraciones de alias ‘Simón’ y ‘Castañeda’ luego entonces la actuación material se surtió a la justicia y no en el ámbito político.

La corte posteriormente explica las razones de la Procuraduría para haber pedido que el caso pase en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Aquí el documento señala que no puede construirse un argumento “sobre el uso de personal de la UTL para efectos de obtener cartas de testigos con base en el documento suscrito por alias ‘Castañeda’ y que fuera allegado en agosto de 2018 las oficinas del doctor Granados por Hernán Cadavid, quien para esa época no era parte de la UTL de su defendido pues solo la vino a integrar en el mes de marzo de 2019”.

Al final la Corte señala: “Con fundamento en las anteriores razones los hechos mencionados no tienen relación con la función congresual de modo que no pervive la competencia de la corte y se hace necesario decretar la ruptura de la unidad procesal para continuar el proceso contra el representante a la cámara Álvaro Hernán Prada”.

De esta manera, la Corte Suprema señala que seguirá investigando a Álvaro Prada, pero pasa a manos de la Fiscalía General la investigación a Álvaro Uribe.