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CCI, optimista frente a posible expedición de "decreto de yerros" para superar crisis de presupuesto

La economía enfrenta una alerta por la mal contabilización de $12.5 billones mediante un decreto del Gobierno, lo que pone en riesgo múltiples proyectos de infraestructura en todo el país. Descubra aquí las implicaciones y posibles soluciones aquí.

Obras del metro de Bogotá
Obras del metro de Bogotá
Foto: Twitter @MetroBogota

El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura , Juan Martín Caicedo, alertó sobre una posible parálisis de más de 50 proyectos de infraestructura debido a un decreto del Gobierno Nacional que omitió incluir el detalle del gasto presupuestario para 2024. Esta omisión deja 13 billones de pesos destinados a inversión pública en el aire y pone en riesgo obras claves para el país, según dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Según Caicedo, el problema radica en el decreto de liquidación del presupuesto emitido el 29 de diciembre, el cual debía detallar la asignación de los recursos. Sin embargo, este decreto carece del anexo correspondiente, dejando sin especificación el destino de 13 billones de pesos.

Esta situación afecta a diversos tipos de proyectos:

  • Obras del modelo de asociaciones público-privadas (APP): Estas iniciativas, que implican la participación de empresas privadas en el financiamiento y construcción de infraestructura, podrían verse detenidas ante la falta de claridad sobre la asignación de fondos.
  • Obras públicas a cargo del Invías: El Instituto Nacional de Vías podría verse imposibilitado de avanzar en varias de sus iniciativas debido a la ausencia de recursos especificados.
  • Sistemas masivos de transporte: La ejecución de proyectos de transporte público también se encuentra en riesgo por la misma razón.

Impacto potencial:

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Entre los proyectos potencialmente afectados se encuentran:

  • Anillo del macizo colombiano en el Cauca
  • Transversal del Catatumbo en Norte de Santander
  • Transversal del Kari
  • Ruta de los Libertadores entre Boyacá y Canari
  • Caminos comunitarios para la paz
  • Conexión Alta Guajira
  • Conexión entre Neiva y San Vicente del Caguán
  • Puente Amena en el Vichada

Posibles soluciones:


Caicedo insta al Gobierno a expedir un decreto de hierros lo antes posible, el cual subsane la omisión del anexo en el decreto de liquidación. Esto permitiría detallar la asignación de los recursos y destrabar la ejecución de las obras pendientes.

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Debate sobre el origen del problema:


Existen disparidades de criterio sobre si la omisión se debe a un error técnico o a una decisión política del Gobierno. Caicedo mantiene un optimismo moderado sobre la solución, mientras que otros analistas consideran que el presidente Petro, con sus recientes declaraciones, deja entrever una intención de revisar el modelo de financiamiento para las obras públicas.

¿Qué sigue?


Las próximas semanas serán claves para observar cómo el Gobierno aborda esta situación. La expedición del decreto de hierros o una declaración oficial sobre la asignación de los recursos son acciones esperadas. Mientras tanto, la incertidumbre rodea a las obras públicas y las comunidades que esperan su pronta ejecución.

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) ha expresado su preocupación por el futuro del sector transporte de infraestructura en Colombia. En un comunicado reciente, la CCI ha destacado los siguientes puntos:

Diálogo con el Gobierno Nacional:

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  • La CCI ha mantenido un diálogo constructivo con el Gobierno Nacional.
  • El presidente Gustavo Petro ha afirmado que se respetarán los contratos de concesión.
  • Existe un ajuste pendiente en el pago de peajes que se debe dar a más tardar el 1° de julio de 2024. La CCI confía en que se cumpla este compromiso.

Presupuesto del sector transporte de infraestructura:

  • De los $502 billones del Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte.
  • $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.
  • La CCI ve con preocupación que el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024 omite la desagregación de $12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de proyectos a cargo del Invías y de la ANI.
  • Esta situación paraliza el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo.
  • Es la primera vez en la historia del país que se presenta esta situación.

Inconveniente e irregular la discrecionalidad en el pago de Vigencias Futuras:

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  • La CCI advierte que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.
  • La financiación de proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro de Bogotá podría quedar en vilo.
  • Las vigencias futuras no tienen que ver con el ritmo de ejecución de las obras.
  • Existen mecanismos contractuales y administrativos para sancionar el atraso en la ejecución de las obras.

Parálisis en el sector:

  • La no expedición del Decreto de Liquidación ha llevado a la parálisis de varios programas del Instituto Nacional de Vías (Invías).
  • Se ha suspendido el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, dejando sin trabajo a 2.600 microempresarios.
  • Se han suspendido los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales.
  • El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas.
  • El túnel de La Línea podría cerrarse si no se renueva el contrato que vence en marzo.
  • Se suspenden las obras de los programas ‘Legalidad y reactivación’ por la imposibilidad de pagar las actas de las intervenciones realizadas en enero.
  • Se pone en riesgo la marcha del programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’.
  • Se ha impedido la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías desde diciembre.

Preocupación por la confianza inversionista y la seguridad jurídica:

  • La CCI teme que la confianza inversionista y la seguridad jurídica se vean seriamente lesionadas.
  • Esta situación podría frenar la reactivación económica y el avance del modelo de APP.
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