Las “chambonadas” para acabar Hidroituango a tiempo que, según Contraloría, llevaron a emergencia

Muy a menudo a los responsables de Hidroituango les “cogía la noche” y hacían 'planes de aceleración' para tratar de terminar a tiempo. Como consecuencia, incrementaron los costos del proyecto, cambiaron características básicas y tomaron malas decisiones que condujeron a la emergencia, según la Contraloría General de la República .

Por ejemplo, el contrato para construir las vías arrancó antes de que estuvieran listos los diseños y el contrato de desviación del río Cauca arrancó antes de que estuvieran listas las vías de acceso. Decidieron aumentar la altura de la presa en cinco metros y eso obligó a modificar la licencia ambiental, cambiar los diseños y pagar más al contratista.

Por acelerar el proyecto fue que se decidió construir un tercer túnel, que no estaba en el diseño original. Al final de todo eso todo el río Cauca terminó pasando desde 20 de marzo únicamente por la Galería Auxiliar de Desviación y el 10 de mayo, para evitar un desastre en las comunidades río abajo, fue necesario dejar pasar el río por el cuarto de máquinas.

"La contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía", concluye el informe.

A Sergio Fajardo , Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria la Contraloría les imputará cargos por su posible responsabilidad fiscal en los problemas de Hidroituango.

Sin lugar a dudas, las miradas caen sobre Sergio Fajardo, quien aspirará a la Presidencia de la República en 2022, pues esta decisión podría ser determinante para su carrera política.

En total, serán imputados 28 de 34 funcionarios y exfuncionarios que fueron investigados sobre la aparente cadena de irregularidades de Hidroituango . El detrimento patrimonial habría sido de $ 4,1 billones de pesos, mientras que la responsabilidad fiscal sumando personas alcanzaría los 500.000 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la actuación especial de la Contraloría General de la República, la ausencia de generación de energía del proyecto, tiene efectos en la atención de la demanda y en los precios.