La Procuraduría afirma que el Acuerdo de Escazú se ajusta a la Constitución

El viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, se pronunció respecto al Acuerdo de Escazú, un tratado firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 25 naciones, incluyendo a Colombia.

Este concepto fue enviado a la Corte Constitucional , y sostuvo que las disposiciones contempladas en el acuerdo, que tiene como objeto mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, son exequibles, porque desarrollan los principios de la ‘Constitución Ecológica’, así como complementan los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país.

El viceprocurador Gómez Strauch afirmó que las medidas del tratado que buscan ayudar al público a ejercer sus derechos de acceso a la información ambiental son razonables.

Explicó además que estas medidas son necesarias para abordar la falta de gestión efectiva del medio ambiente, que ha resultado en una participación ciudadana limitada en decisiones importantes sobre el uso de los recursos naturales.

Incluso destacó que la participación ciudadana debe ser transparente e inclusiva, abarcando discusiones sobre el ordenamiento del territorio, la formulación de políticas y estrategias, así como las negociaciones internacionales que afecten el medio ambiente.

En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos en temas ambientales, el viceprocurador dice que el Acuerdo de Escazú está en línea con lo estipulado en la Constitución.

Además, enfatiza que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de asegurarles un ambiente seguro y favorable para que trabajen sin miedo a amenazas o limitaciones, y desarrollar medidas y planes para proteger y respaldar sus labores.

El Ministerio Público además dice que en el concepto también se afirmó que la ley que ratificó el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) cumple con los requerimientos de la Constitución Política en lo que respecta al proceso legislativo, incluyendo publicaciones, mayorías, quórum, y otros aspectos. Además, se aseguró que se cumplieron los requisitos de consulta previa y evaluación de impacto fiscal.

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