La decisión de la Procuraduría pretende establecer la responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la empresa de servicios públicos Urrá S.A ante las denuncias de irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos.
La Procuraduría sostuvo que al parecer se habrían gestionado negocios con al menos 10 empresas para la venta de energía a empresas comercializadoras “sin criterio técnico de asignación”.
La entidad considera que al parecer las transacciones “les permitían obtener altos márgenes que no estaban asociados con la extensión de los precios de venta, y en las que hubo condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad”.
El ente señaló que dos de las compañías estarían radicadas en el municipio de Villapinzón, en el departamento de Cundinamarca y alertó que revisará los posibles vínculos de al menos tres de ellas con funcionarios del Gobierno nacional y la supuesta intervención de un congresista que al parecer ejercicio presiones ante la gerencia de comercialización de Urrá.
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Para la entidad se busca individualizar a los posibles responsables, “establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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