de fuerza y el alto índice de violencia que se vive en las protestas.
El representante de este organismo para Colombia, Todd Howland, afirmó que se están vulnerando los derechos sociales, culturales y económicos de los manifestantes.
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La dura respuesta no se hizo esperar. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, rechazó el pronunciamiento de la ONU. El funcionario dijo que los señalamientos no contribuyen al diálogo que se mantiene actualmente y que son “inoperantes e inoportunos”.
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¿Es una intromisión excesiva? ¿la ONU debe seguir denunciando supuestas violaciones a los Derechos Humanos?
“No son jueces para unas cosas pero para otras sí. No vieron a las Farc pero sí dijeron que los muertos son por la Fuerza Pública. Tienen un sesgo de entrada, la ONU no tiene nada que hacer ni opinar aquí”, comentó Nicolás Uribe.
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“La presencia de La ONU ha sido cuestionada desde que llegó en 1996. La función de la oficina no es resolverle el problema al Gobierno, es velar por la protección de los Derechos Humanos. Crea malestar pero es necesario”, opinó Laura Gil.
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“Colombia está sometido a eso. No veo que haya una excesiva vigilancia ni sesgo, la ONU está diciendo sus informes”, aseguró Aurelio Suárez.
Las peticiones de los manifestantes, acusados por el Gobierno de estar infiltrados por grupos subversivos, tienen que ver con atención integral social, una zona de reserva campesina, la suspensión de la erradicación manual de cultivos ilícitos y terminar las concesiones minero energéticas a las multinacionales.
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Las movilizaciones en la región del Catatumbo que se presentan desde el 10 de junio exigen mejores condiciones para esta zona de reserva campesina y la sustitución de cultivos ilícitos.