La investigación contra Roy Barreras por presunta corrupción en contratación de la ESAP

BLU Radio tiene en su poder las denuncias que radicaron en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Roy Barreras, su esposa y personas cercanas a él, quienes, según varios testimonios, estarían detrás de una “empresa criminal” que se habría apropiado de los recursos públicos de la ESAP, que terminaron, supuestamente, en un partido político.

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Las denuncias ya están siendo indagadas por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía.

Dicen los documentos que, no solo se daban coimas por la adjudicación de contratos, sino que muchas veces eran una fachada y los dineros iban, supuestamente, a un partido político que aún no se ha estrenado en elecciones.

Además, afirman que la mayoría de la nómina de la entidad era cuotas del senador. Incluso se menciona el nombre de un reconocido veedor ciudadano de Bogotá que coordinaba, supuestamente, la repartición de los contratos.

"Los encargados de pagar estas multimillonarios coimas eran los doctores Fernando Medina, Eduardo Rojas y Jorge Uriel Silva, quienes eran los enlaces entre Cali - ESAP. El veedor Juan Carlos coordinado todo y estaba el servicio del senador Roy Barreras.

Múltiples llamadas entre ellos aparecen en las sábanas de sus celulares, encuentros entre ellos, viajes de Cali a Bogotá y viceversa, ingresos a la inmobiliaria y a la ESAP. Se despacharon todo", dice la extensa denuncia.

Son en total son 14.009 contratos y convenios interadministrativos, suscritos entre el 2014 y el 2019, que ya están en poder de la Corte Suprema y de la Fiscalía y que suman 1,2 billones de pesos. Todos se habrían hecho de manera directa y tuvieron su pico más alto entre el 2016 y el 2018.

Uno de los testigos ha dicho que las reuniones entre los involucrados, en donde se pactaban las actividades, se hacían en el Hotel Tryp, justo al frente del búnker de la Fiscalía.

Los contratos que están en la lupa de las autoridades son con la Empresa Inmobiliaria de Servicios Logísticos de Cundinamarca, Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga (Telebucaramanga), Empresa teléfonos de Bogotá (ETB), Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (EDURED), Amezquita, Lunel Integración Estratégica SAS, Servinformática SAS, Fundación tecnológica Social (FUNTECSO), Infotic, Comitato Internazionale y Canal Zoom, entre otras.

Por los hechos, la Fiscalía indaga las actuaciones de los exdirectivos de la entidad para ver si, como lo denuncian, tuvieron que ver con la presunta entrega irregular de millonarios contratos de la entidad que realmente no se habrían ejecutado. Los testimonios también salpican a un exgobernador de Cundinamarca, a un representante a la Cámara y a los representantes de las empresas que han ganado los contratos.

BLU Radio se contactó con el senador Roy Barreras y aseguró que las denuncias llegaron como un método de presión para que no votara en contra de las objeciones de la JEP.

“El propósito era intimidarnos en nuestro compromiso con La Paz”, dijo el congresista.

“Ese pasquín se originó hace más de un mes y le recuerdo que coincidió con el día y hora del debate de las objeciones y que yo personalmente denuncié ese pasquín, que llegó a mis manos y se trataba de un mecanismo de presión como muchos, cómo la quitada de visas, las denuncias contra la comisión de paz, las amenazas de todas naturaleza que trataron de que no derrotáramos las objeciones”, puntualizó el senador.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia decidió que sí hay mérito para abrir la investigación e hizo el reparto de la denuncia.

Esto quiere decir que, en una indagación preliminar, el magistrado deberá revisar los testimonios y las pruebas y posteriormente, decidir si llama a responder por los hechos al senador o si por el contrario, no hay mérito y la archiva.

Sobre la investigación al resto de particulares involucrados, que suman por lo menos 15 personas, ya una fiscal anticorrupción con sede en Paloquemao inició las pesquisas correspondientes.

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