En Tuluá, Valle del Cauca, la banda delincuencial ‘La Inmaculada’ tendría azotados a los comerciantes y empresarios de la región con gruesas extorsiones desde las cárceles a cambio de no atacar sus establecimientos.
Situaciones similares se estarían extendiendo a ciudades cómo Barranquilla. La Procuraduría alertó que la crisis carcelaria se le salió de control al Gobierno nacional.
La advertencia del Ministerio Público reveló detalles preocupantes, como que de los 22 inhibidores de señal instalados en las cárceles sólo funcionan dos, mientras que ese delito cada vez más toma mayor relevancia al interior de las prisiones.
“Para la Procuraduría la falta de operatividad del Gobierno y el Inpec se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal (…) Se permite el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad”, dice el comunicado.
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Por eso el ente de control le hizo un llamado a los ministerios de Defensa, Justicia , Comunicaciones y directivas del Inpec para que con prontitud adopten soluciones a este grave problema.
La alerta de la Procuraduría, se conoció en medio de los múltiples amotinamientos que se han venido registrando en cárceles de Ecuador y la fuga de un peligroso narco conocido como ‘Fito’.
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